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Política

Madrid impone al Govern aceptar los bares fumadores
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jueves, 29 de diciembre de 2005

- EL INFILTRADO: Se podrá fumar en el aeropuerto
- Los hosteleros piden tres años para adaptarse a la Ley

El Govern obligará a tener zona de no fumadoresPALMA.- Una nueva escalada en la polémica sobre la Ley Antitabaco ha provocado un enfrentamiento frontal entre los gobiernos balear y central. Después de que mallorcadiario.com informase en primicia en su edición de ayer de que el 98% de los locales de Palma con menos de cien metros han tomado la decisión de declararse locales para fumadores, la reacción del Govern ha sido inmediata y la consellera de Salud, Aina Castillo, ha asegurado este jueves que aplicará la norma balear obligándoles a incluir en sus instalaciones zonas libre de humos. La respuesta del Ministerio de Sanidad ha sido tajante conminando al Govern a dar marcha atrás, recordándole la obligación de cumplir la normativa nacional aprobada el pasado día 16 por el Congreso de los Diputados.

El Govern afirma que Baleares mantendría a partir del 1 de enero la actual Ley Antitabaco balear vigente desde hace seis meses. Aina Castillo ha asegurado que este paso se toma tras considerar que la normativa nacional supone ‘un paso atrás’ en la protección de la salud pública de los ciudadanos. Una decisión que con las cifras en la mano afectará al 90% de los bares de menos de 100 metros que, con la ley estatal en la mano, optarán en 2006 por ser un establecimiento ‘con humos’.

EL EJECUTIVO DE ZAPATERO, SORPRENDIDO
Una propuesta que Madrid se ha apresurado a rebatir al entender que la normativa balear coarta la libertad del dueño del establecimiento. En este sentido, el Ministerio de Sanidad recuerda al Gobierno balear que la ley del tabaco es una ley estatal y, por lo tanto, básica y de obligada aplicación en todo el territorio nacional.

El secretario general técnico del ministerio de Sanidad, Javier Ignacio Vega, ha mostrado, según Efe, su sorpresa ante el anuncio de la consellera de Salud y Consumo, Aina Castillo que, a su vez, ha encargado un informe a los servicios jurídicos de la comunidad para que ‘avale’ la decisión del Ejecutivo autonómico.

Ante esta postura Ignacio Vega ha sido claro: todas las autonomías deben aplicar esta ley y si quieren pueden desarrollarla pero no contradecirla, siendo respetuosos con la legislación básica; por lo tanto la ley estatal debe observarse, añade este portavoz del Ministerio de Sanidad. Cabe esperar un verdadero pulso de Madrid con Baleares ante la aplicación este próximo 1 de enero de la nueva normativa nacional.

 
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