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sábado, 30 de diciembre de 2006 |
 PALMA .- La crónica judicial de 2006 dejó un amplio abanico de causas, muchas de ellas, todavía en fase de instrucción o pendientes de juicio.
1) La ‘operación Voramar’, con la presunta corrupción urbanística en Andratx como telón de fondo, ha sido y es la más mediática de todas, tras el ingreso en prisión del alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo y el celador municipal Jaume Gibert, y la detención del director de Ordenación de Territorio del Govern, Jaume Massot. Hidalgo y Gibert permanecieron 17 días en prisión, pero fueron puestos en libertad por el juez Alvaro Latorre con fianzas de 100. 000 y 60.000 euros respectivamente. Massot estuvo arrestado unos pocos días, ya que el magistrado le dejó en libertad con cargos. La Audiencia de Palma debe decidir en enero si los principales imputados vuelven a prisión, tal y cómo ha solicitado el fiscal Anticorrupción Juan Carrau.
 2) El encarcelamiento de la recaudadora de Sineu Martina Gelabert conmovió a la sociedad balear por la cuantía de lo presuntamente defraudado: casi un millón de euros. El fiscal calificó de "muy graves" los supuestos delitos cometidos por Gelabert -malversación de caudales públicos, falsificación de documentos oficiales e infidelidad en la custodia del erario público- por los que puede ser condenada a 24 años de cárcel.
Actualmente, Gelabert, acusada de "saquear" las arcas de Sineu, se encuentra en libertad con una fianza de 200.000 euros.
3) El pacto de fidelidad de UM llevó ante el juez al tránsfuga Joan Thomàs, en una causa muy comentada en los círculos políticos de las Islas.
La juez absolvió a Thomás de la demanda presentada por la cúpula de UM (Isidre Cañellas, María Yolanda Tomás, Maciá Cantatero y Sebastián Genovard), al calificar de inconstitucional el denominado "pacto antitransfuguismo". Thomàs había roto la disciplina de su partido en Calviá al votar a favor de la recepción de la urbanización Nova Santa Ponca, propiedad de la familia Nigorra.
 4) Los cimientos del emblemático Puerto Portals de Mallorca se removieron con la demanda presentada por Francisco Hernando ‘El Pocero’ contra sus propietarios, la familia Graf, en la que se barajó una supuesta cifra astronómica de venta: 110 millones de euros. La jueza, finalmente, rechazó las pretensiones de ‘El Pocero’ al establecer que el contrato de compraventa es nulo. El frustrado comprador pretendía que la justicia diera validez a un contrato firmado en 2005 por 110 millones de euros, aunque rebajada esa cantidad a tan sólo 9 millones de euros al entender que habían intentado "engañarle" porque la concesión del puerto finalizaba en 2018 y no en el 2030, como le había asegurado.
5) Los vertidos de Son Anglada también ocuparon los primeros espacios de los medios de comunicación, ya que el fiscal apreció hasta tres supuestos delitos: contra el medio ambiente, salud pública y desobediencia a la autoridad. El principal imputado es la sociedad Adalmo, que supuestamente vertía residuos en el solar procedentes del hospital Son Dureta.
6) La trama de corrupción de Marbella también alcanzó de manera colateral a Mallorca, ya que algunas sociedades vinculadas a Juan Antonio Roca son propietarias de chalets en Cala D'Or valorados en 30 millones de euros. Dos sociedades -Lizipar Investement y Gracia y Noguera- tenían registrados esos inmuebles.
7) En Palma se dictó la primera condena de cárcel en España por prostitución callejera, después de que el titular del Juzgado de lo Penal número 7 condenara a una prostituta a seis meses de prisión por ejercer su profesión en la vía pública, concretamente en Calviá. Fue la primera condena por delito, y por una falta, como ocurría hasta ahora.8) El ex concejal de Turismo del Ayuntamiento de Llucmajor, Joaquín Rabasco tuvo que presentar su dimisión ante la avalancha de causas que se siguieron contra él. En una de ellas, impulsada por el PSOE, el fiscal imputó a Rabasco siete delitos: negociaciones prohibidas, defraudación a la Administración, prevaricación continuada, prevaricación y falsedad, cohecho, tráfico de influencias y alzamiento de bienes.
 9) El transexual Jenny volvió a los juzgados para reclamar una pensión de viudedad que la Audiencia le había denegado en 1996. Su pareja había fallecido como consecuencia del sida, y ahora alega que la Justicia ya reconoce el derecho que le asiste, a pesar de que nunca llegó a casarse con el que fue su pareja.
10) En último lugar, si bien se trata de una resolución judicial muy relevante ya que es pionera en España, el juzgado de lo Mercantil de Palma accedió a reconocer la primera suspensión de pagos familiar de la historia, una resolución que sin duda hará que juzgados de otras comunidades apliquen la sentencia firmada en Palma.
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