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sábado, 24 de febrero de 2007 |
 PALMA.- Sindicatos y colectivos de jóvenes de Baleares están llevando cabo una campaña en Palma para denunciar que la "especulación inmobiliaria" en la ciudad impide el acceso a la vivienda a un 25 por ciento de la población, mayoritariamente compuesta por jóvenes.
Según sus cálculos, hay 35.080 pisos vacíos en la capital balear, donde la "fiebre constructora encarece el precio" de la vivienda e incide en un "modelo insostenible" de ciudad, dado que, además de suponer el consumo de nuevo territorio, implica la habilitación de nuevos servicios e infraestructuras.
Para invertir esta situación, proponen la aplicación de medidas que hagan posible que los pisos vacíos salgan al mercado, mediante la penalización de la posesión de inmuebles vacíos, sin utilizar o abandonados.
También defienden la limitación del precio de los alquileres que, a su juicio, no deberían superar el 30 por ciento de la renta del arrendatario o del hipotecado.
Incentivar la cultura del alquiler frente a la nueva construcción, fomentar prácticas destinadas a permitir una vivienda joven y perseguir "las prácticas de violencia inmobiliaria" son otras de las medidas que propugnan estas organizaciones.
LA JUVENTUD BALEAR TIENE QUE DEDICAR EL 64,61% DEL SUELDO A PAGAR UNA VIVIENDA
Según los datos que manejan esos colectivos, la juventud balear tiene que dedicar un 64,61 por ciento del sueldo a pagar una vivienda, mientras que el "máximo tolerable" es de un 30 por ciento.
Este incremento está relacionado con las condiciones de precariedad laboral juvenil, lo que requiere impulsar actuaciones inmediatas y contundentes en el ámbito de la vivienda, acompañadas de políticas generales que incidan en las condiciones del mercado de trabajo, según señalan.
RESERVA DE SUELO EDIFICABLE PARA VIVIENDA PÚBLICA
También, la reserva de un porcentaje no inferior al 40 por ciento de suelo edificable para la construcción de vivienda pública es una de las propuestas a fin de paliar el difícil acceso a la compra de una casa.
Abogan, además, por que la ley establezca que una parte de las VPO se destinarán a alquiler, con un precio máximo de dos euros por metro habitable; y que promueva "políticas de acción positiva" para incentivar la salida de los pisos vacíos al mercado.
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