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mallorcadiario.com
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jueves, 18 de diciembre de 2008 |
 MADRID.- El Grupo Zeta está en “quiebra técnica”. Este es el argumento que Juan Chozas, abogado contratado por Antonio Asensio Mosbah para dirigir el plan de reestructuración laboral del emporio, esgrime a la hora de justificar el expediente de regulación de empleo que afectará a 533 trabajadores de alrededor de los 2.000 que tiene el grupo. Así lo expuso ante los representantes de la coordinadora de comités de empresa, argumento que después fue recogido en un comunicado interno. Nada más oír estas palabras, los representantes de los trabajadores levantaron la reunión. Fuentes de la cúpula del grupo confirmaron a El Confidencial que existe “una situación tensa”, pero que lo que pretende Asensio es “pactar con los trabajadores para que las medidas sean lo menos traumáticas posible”.
Según afirma El Confidencial, este deseo puede encontrar una difícil materialización si se tienen en cuenta las palabras de Chozas, que aseguró a sus interlocutores que Zeta dejará de pagar la cuota patronal a la Seguridad Social. Eso no significa que no siga cotizando, sino que aplazará el pago en el tiempo. Ésta es una decisión que, según algunas fuentes, ha tomado Juan Llopart, el nuevo hombre fuerte de Zeta, que ha llegado al grupo para llevar a buen término una obra que le ha sido encargada desde la cúpula de La Caixa. La entidad de crédito catalana está empeñada en controlar el “proyecto de reconversión”, ya que es quien ha avalado el último crédito sindicado concedido a mediados del 2005 por 100 millones de euros.
Fuentes de los trabajadores indicaron a El Confidencial que desde el martes pasado por la tarde hasta el miércoles por la mañana -es decir, menos de 24 horas-, la oferta de la empresa ha variado en tres ocasiones, aunque con diferentes matices. A la información publicada por El Confidencial se suman ahora algunos detalles que no varían sustancialmente el espíritu de la misma.
Según la empresa, el expediente supondrá el despido de 497 personas sujetas a convenio y 36 fuera de él. Respecto a las indemnizaciones, quiere que el personal que tenga menos de 57 años reciba una indemnización de 30 días por año trabajado hasta un tope de 14 mensualidades. Para los que tengan entre 58 y 61, ofrece una prejubilación percibiendo el 60% del salario bruto más el convenio especial de cotización a la Seguridad Social. Los que tengan 62 ó 63 años pueden acogerse a una prejubilación con el 60% del salario bruto. Los de más de 63 años recibirán una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un tope de 12 mensualidades.
La empresa, además, exige que el salario regulador se fije en 55.000 euros brutos anuales, además de proponer una antigüedad de un mínimo de 10 años para poder acogerse a las prejubilaciones. No es la única medida que pretende la dirección del grupo. Entre otras cosas, quiere que se congele el salario de los trabajadores hasta el año 2011, la eliminación de los ascensos automáticos y la congelación de pluses y antigüedades. Su meta es también establecer unas nuevas tablas salariales basadas en grupos profesionales y con distinta retribución a las que ha habido tradicionalmente. En ocasiones, ello supondría una reducción de costes de más del 50%, según ha podido comprobar El Confidencial.
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