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mallorcadiario.com
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miércoles, 10 de junio de 2009 |
PALMA.- Más de 40 entidades sociales y sin ánimo de lucro se reunirán este jueves con el presidente del Govern, Francesc Antich, para reclamar el pago de una deuda de 10 millones de euros que las administraciones baleares mantienen con este sector y que podría ocasionar el cierre de algunas de estas organizaciones.
Estas entidades de las Islas pertenecen a ocho redes diferentes relativas a distintos ámbitos sociales como personas con discapacidad, la inclusión social o la economía alternativa, entre otras. Además, según ha detallado la portavoz y presidenta de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), Pilar Ponce, éstas prestan servicio a más de 200.000 usuarios y poseen más de 3.000 trabajadores y 4.000 voluntarios.
Ponce ha remarcado que la deuda es con el Govern, los Consells Insulars y los distintos ayuntamientos del Archipiélago. No obstante, se ha mostrado confiada en que Antich les dará mañana una "respuesta ágil y que solucionará sus problemas".
Asimismo, ha detallado que durante la audiencia le pedirán que el Govern realice "esfuerzos en la consolidación del sector" y reclamarán la "estabilidad" de los servicios que prestan para que se garantice, de esta manera, la calidad proporcionada a los usuarios.
La portavoz ha destacado que se trata de una "deuda grave" puesto que entre el 70 y el 80 por ciento del presupuesto de estas más de 40 entidades se destina a pagar los salarios del personal. Además, ha señalado que son dos las entidades que podrían cerrar próximamente debido a la falta de recursos económicos aunque alertó que serían muchas más si la situación se alarga en el tiempo; se producirá un "efecto dominó", ha añadido.
Ponce ha manifestado que han tenido "mucha paciencia" pero que "cada vez es más difícil negociar con los bancos". Así, ha indicado que ya han pasado los plazos de vencimiento de los distintos pagos que les debían realizar las diferentes administraciones de las islas.
Por su parte, el presidente del Foro per la Qualitat (Foqua), Jesús Luna, ha señalado que este dinero pertenece a los gastos de funcionamiento de estas entidades sin ánimo de lucro.
Asimismo, ha subrayado que, si a partir de noviembre se produce un aumento de personas necesitadas de servicios sociales, tal y como señaló el teniente de alcalde de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Cultura del Ayuntamiento de Palma, Eberhard Grosske, se verá afectada también la "calidad de los servicios".
Así, ha remarcado que son las administraciones públicas las que deben eliminar la deuda, así como tomar medidas frente a la previsión del incremento de demanda de servicios.
Las ocho redes que conforman el tercer sector son, además de Foqua y Reas, la Red para la Inclusión Social, la Federación Balear de Organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual (Feaps), la Federación Balear de Entidades de Atención a la Infancia y Adolescencia (Feiab), la Federación de Salud Mental de Mallorca (Fessmm), la Unión de Asociaciones y Centros de Asistencia a Minusválidos Físicos, Psíquicos y Sensoriales de Baleares (Unac), y la Federación Balear de Personas con Discapacidad.
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