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Los empresarios catalanes “enfrían” el referéndum “tributario”

Los empresarios catalanes “enfrían” el referéndum “tributario”

Un interesante referéndum que el Govern de la Generalitat catalana podría realizar de manera unilateral y que pondría contra las cuerdas al Gobierno Central sería el tributario, que se daría si se solicitará a los ciudadanos de Cataluña que los impuestos que actualmente se pagan al Estado Central a través de la Agencia Tributaria como son el IRPF y el IVA, de gran poder recaudatorio, se pagasen directamente a la Hacienda Catalana.

Las deudas tributarias se tienen que pagar a la administración que es titular del impuesto para que tenga efectos liberatorios, es decir, que cancelen la deuda y no se generen recargos o la posibilidad de una inspección. No pagar a la Agencia Tributaria permitiría a ésta exigir el pago en vía de apremio, ya que le ampara el actual marco jurídico, y por tanto ante los tribunales no se podría argumentar que se han pagado en otra administración.

Pero, ¿qué ocurriría si la mayoría de ciudadanos pagase a la Generalitat en lugar de al Estado?, ¿podría aguantar de verdad el Estado si los catalanes no le quisieran pagar los impuestos que según el orden jurídico establecido son de titularidad estatal?. Nos encontraríamos ante un verdadero plebiscito con consecuencias reales en términos políticos aunque no le acompañase ninguna cobertura legal, en caso de respuesta positiva desde la óptica de las tesis soberanistas.

Aunque este escenario de inestabilidad y tensiones institucionales parece poco viable después de las palabras del presidente del influyente Círculo de Economía, Juan José Bruguera, que pronunció en la reunión anual celebrada en Sitges el pasado mes de Mayo ante el presidente de la Generalitat Puigdemont, cuando le solicitó que la acción de su Govern se acomodase en el margen de la ley. Y en este caso las leyes tributarias son muy claras de cómo se deben pagar las deudas tributarias, y debe ser ante las cajas de los órganos competentes, oficinas recaudadoras o entidades autorizadas para su admisión por el Estado Central en los impuestos como IRPF o IVA.

Y esto es así, porque este sufragio tributario sería restringido, ya que quienes mayoritariamente llevan a cabo los pagos de los que se alimenta la tesorería de la Hacienda Central son los empresarios, ya sea en el pago de las retenciones del IRPF que hacen al pagar las nóminas a sus trabajadores o en su función de sujeto pasivo en el IVA. No “votarían” por lo tanto todos los catalanes, sino los empresarios en esta consulta “electoral”. Si ellos se mantienen en la legalidad actual al efectuar esos pagos, siguiendo las palabras de Bruguera, abocaría al fracaso cualquier planteamiento de referéndum en este terreno recaudatorio.

Y parece que esto lo tienen suficientemente claro desde el entorno del ejecutivo catalán actual que no se lo plantea en ningún momento. Así se puede desprender de las palabras hechas por el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, que aseguró en una entrevista el pasado mes de mayo en Catalunya Ràdio que Cataluña empezaría a recaudar esos impuestos “cuando el proceso este maduro”, no antes. Que sin celebración de la consulta, que debería contar con unos resultados contundentes en términos de participación y de porcentaje de la victoria no cabe plantearse el cobro de los tributos que hoy son del Estado. Es decir, sin esa votación no se plantean abrir el frente monetario. Sería un frente a perder ante los tribunales. Pero sí sería un serio problema para el Estado si los empresarios, sobre todo los grandes, empezasen a pagar a la Hacienda catalana, asumiendo el riesgo de la ilegalidad de esa actuación y por tanto de enfrentarse a la vía de apremio de la Agencia Tributaria.¿ Llevaría el Estado a tantos empresarios ante los tribunales? Necesitaría una solución política y no jurisdiccional.

Aunque es muy difícil que después de escuchar a la clase empresarial en su reunión en Sitges que hay que mantenerse en el marco legal se aventurasen a ese escenario.

La necesidad de mantener la llama que alimenta el independentismo a través de la presión al Gobierno Central con el inicio de una desconexión unilateral se encontraría con un muro insalvable, como es la falta de dinero, si los empresarios siguen pagando sus impuestos al Estado Central.

Los empresarios saben que la estabilidad política e institucional es un instrumento que tienen los gobiernos para mejorar la economía de un país, región o ciudad, con su traducción en más y mejor empleo de sus ciudadanos. Las incertidumbres generan una situación de inseguridad que la perjudica, incubando un indicador negativo de riesgo-país que es tenido muy en cuenta en la toma de decisiones por parte de los inversores y emprendedores que quieran crear y aumentar la riqueza en ese territorio. Esta reflexión se resume en el conocido “con las cosas de comer no se juega”, que provoca que cada vez que mejora la economía se pierde intensidad soberanista, principalmente desde el punto de vista de la clase empresarial.

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