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La sentencia no es firme
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La sentencia no es firme

El juez rechaza la demanda de las Jerónimas contra el Obispado por el convento de Santa Isabel

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Palma, Jaime Gibert, ha absuelto al Obispado de Mallorca de la demanda interpuesta en su contra por la comunidad de religiosas Jerónimas en relación con la propiedad del monasterio de Santa Isabel.

En su sentencia, el juez ha desestimado la demanda y ha impuesto a las demandantes las costas del juicio celebrado el pasado 21 de diciembre, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Balears.

Según el juez, las religiosas no han acreditado ser las propietarias del convento sino que se limitan "a darlo por supuesto" y las certificaciones en las que el Obispado basa la titularidad de la propiedad no son falsas.

La congregación de religiosas jerónimas del monasterio de Santa Isabel demandó al Obispado de Mallorca pidiendo que se anulara la inmatriculación de dicho convento, basada en tres certificados registrales de sus fincas de noviembre de 20014 que también solicitaba que se declarasen nulos por carecer de respaldo registral.

La sentencia recuerda que el 28 de noviembre de 2014, el Obispado de Mallorca emitió tres certificados sobre las tres fincas del monasterio de Santa Isabel (las que albergan la iglesia, el convento y dos viviendas) que declaraban que eran de su propiedad en virtud de un convenio con la Santa Sede de 1865.

El Obispado solicitó la inmatriculación a su favor de las tres fincas basándose en el ley Hipotecaria y la obtuvo del Registro.

La religiosas solicitaron que se declarasen nulas las certificaciones y se cancelara la inmatriculación por falsedad de lo certificado y por considerar que el Obispado no ostenta dominio sobre esos bienes. Alegaron que los certificados no mencionaban a quién se había adquirido el inmueble ni en virtud de qué título de adquisición.

El juez señala en la sentencia que los certificados identifican que los bienes se adquirieron de la Administración Principal de Propiedades y Derecho del Estado de la provincia de Balears y precisan que fue mediante el convenio entre dicha administración y el obispado, de 30 de noviembre de 1865.

El tribunal no comparte que el hecho de que la comunidad de religiosas sea titular catastral de las fincas implique la nulidad de la inmatriculación a favor del Obispado.

Según el juez, la Ley Hipotecaria no prohíbe la inmatriculación a favor de persona distinta al titular catastral.

Añade que las religiosas no han acreditado ser las propietarias sino que se limitan "a darlo por supuesto" por lo que "no se advierte qué derecho suyo puede verse lesionado por las inmatriculaciones".

El magistrado afirma en la sentencia que las certificaciones no contienen ninguna falsedad porque el convenio por el que fueron adquiridas las fincas existe y en él "se expresa hasta en tres ocasiones, sin ninguna indicación en contrario, que se trata de fincas pertenecientes a la Iglesia".

El juez recuerda la desamortización que supuso la Ley Madoz de 1855 y la posterior ley de 1860 que reconoció a la Iglesia como propietaria absoluta de los bienes que le fueron devueltos en el concordato de 1851, coyuntura "en la que se encuadra el convenio" de este caso.

Añade que ese convenio pone en práctica en Mallorca lo dispuesto en la Ley de 1860 de que los bienes en su momento desamortizados que no habían sido vendidos por el estado, se eximían de permuta. Precisa que el convenio indica que las jerónimas eran la corporación "a la que pertenecían" las fincas, pero lo indica "en tiempo pretérito".

El tribunal asegura que aunque la religiosas no fueron exclaustradas, "desde una perspectiva jurídica, el monasterio sí fue desamortizado", en contra de lo alegado por las demandantes.

El juez considera "infundadas" o bien "intrascendentes" las críticas de las religiosas hacia ese convenio.

El magistrado puntualiza en la sentencia que si bien las partes se han acusado mutuamente de pretender lucrarse con la venta del monasterio, eso es una cuestión "ajena" a la demanda e irrelevante para la validad de las inmatriculaciones, como también lo son los reproches mutuos entre las partes sobre el proceder de unos y otros en el intento de inmatricular las fincas.

La sentencia no es firme ya que cabe recurso ante la Audiencia Provincial.

Por su parte, la congregación de las religiosas jerónimas ha anunciado que recurrirá la sentencia que ha desestimado su demanda contra el Obispado de Mallorca en relación con la propiedad del monasterio de Santa Isabel.

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