Lo que protegió al archipiélago de Cabrera durante décadas no fue una ley de conservación. Fue el Ejército.
Desde 1916, la isla principal y sus dieciocho islotes menores dependían del Ministerio de Defensa, que los empleaba como área de práctica de tiro. Esa presencia castrense —incómoda para cualquier propósito civil— actuó de cortafuegos involuntario frente a la especulación inmobiliaria que devoró gran parte del litoral balear durante el desarrollismo. Cuando las Cortes Generales aprobaron la Ley 14/1991, de 29 de abril, el parque ya existía en los hechos: nadie había podido construir en él.
Lo que la ley hizo fue nombrarlo. Y al nombrarlo, cambiar su destino.
EL PRIMER PARQUE QUE MIRÓ AL MAR
Hasta 1991, la Red de Parques Nacionales española era un catálogo de montañas, valles y sistemas continentales. La creación de Cabrera supuso un hito al incorporar por primera vez sistemas naturales y especies marinas, abriendo el camino a la protección del medio marino en España. La norma amparó una superficie inicial de 10.021 hectáreas —de las cuales 8.703 eran aguas marinas— y estableció un régimen de protección que limitaba estrictamente el acceso a visitantes y el uso de sus recursos.
El archipiélago, situado a unos diez kilómetros del cabo de las Salinas, en el sur de Mallorca, no era un territorio virgen. Fenicios, cartagineses y romanos lo frecuentaron como escala estratégica. En el siglo XIV ya había un castillo en la entrada del puerto para frenar a los corsarios berberiscos. Entre 1808 y la conclusión de la Guerra de la Independencia, la isla sirvió de prisión para soldados franceses capturados en la batalla de Bailén. Siglos de historia superpuesta sobre un ecosistema que, paradójicamente, los humanos nunca habían logrado asentar de forma permanente.
Esa discontinuidad demográfica fue su salvación.
LO QUE HAY BAJO LA SUPERFICIE
El Parque Nacional de Cabrera protege más de 400 especies de plantas y más de 200 especies animales, muchas endémicas o amenazadas. Sus aguas albergan vastas praderas de Posidonia oceanica que sostienen una rica vida marina, incluyendo meros, delfines, tortugas bobas y la rara foca monje. En el medio terrestre, el archipiélago cuenta con 22 endemismos baleares, entre ellos el astrágalo de las Baleares (Astragalus balearicus) y el hipérico balear (Hypericum balearicum).
Lo que nadie explica con suficiente claridad es la escala de lo que estaba en riesgo. Las praderas de posidonia no son solo vegetación submarina: son el soporte estructural de toda la cadena trófica del Mediterráneo occidental, y su degradación —documentada en otras zonas del litoral español por el anclaje de embarcaciones y la contaminación costera— es prácticamente irreversible en plazos humanos. Cabrera conserva algunos de los fondos de posidonia en mejor estado del Mediterráneo. No por gestión activa, sino porque durante décadas nadie pudo llegar a ellos.
Pero la protección legal no garantizó automáticamente la protección real.
LA AMPLIACIÓN QUE TARDÓ VEINTIOCHO AÑOS
Durante casi tres décadas, el parque protegió sus 10.021 hectáreas originales mientras el mar circundante permanecía legalmente desprotegido. El 1 de febrero de 2019, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobó la incorporación de 80.779 nuevas hectáreas de espacios marinos colindantes, elevando la superficie total a 90.800 hectáreas y convirtiendo a Cabrera en el mayor parque nacional de España —incluyendo los terrestres— y en la mayor área marina protegida de alta categoría del Mediterráneo occidental.
La ampliación no fue un trámite rápido. Requirió dos años de negociaciones entre el Gobierno balear, el Organismo Autónomo Parques Nacionales y los agentes locales, un período de información pública de dos meses y el voto favorable del Consejo de la Red. El resultado transformó radicalmente el perfil de la Red de Parques Nacionales: la superficie marina pasó de representar un 4% a un 23% del total.
Y abrió un problema que aún no está completamente resuelto: quién gestiona qué. Las aguas del área ampliada son competencia del Estado, no de la comunidad autónoma. Eso obliga a buscar fórmulas de colaboración entre administraciones para un espacio que cubre profundidades superiores a los 2.000 metros y que incluye, según los informes del Ministerio, la zona de reproducción más importante del atún rojo en todo el Mediterráneo.
35 AÑOS EN ABRIL DE 2026
Para conmemorar el aniversario, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha organizado un programa de actividades entre el 24 y el 29 de abril en el Centro de Visitantes de la Colònia de Sant Jordi y en la propia isla. Las jornadas incluyen una conferencia a cargo de Jorge Moreno, director del parque entre 1991 y 2014, un taller de arqueología centrado en la historia agrícola del archipiélago, y la inauguración del nuevo recorrido interpretativo de Ses Vinyes. El Govern ha incorporado además una nueva embarcación de alta velocidad para vigilancia, con una inversión de 375.311,75 euros dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El problema real no es la celebración. Es si las herramientas de gestión están a la altura de un parque que en 2019 multiplicó por nueve su superficie sin multiplicar por nueve los recursos humanos y materiales destinados a su custodia.
La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, avanzó que el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión —pendiente de aprobación— buscará reforzar la ordenación del parque para compatibilizar conservación y actividad humana. Ese plan es el instrumento que determinará cuántos visitantes pueden acceder, en qué condiciones y con qué límites. Ahora mismo, el parque limita el acceso a un máximo de 200 personas diarias —300 en agosto— y solo a través de excursiones marítimas autorizadas desde la Colònia de Sant Jordi o Porto Petro. Una cifra que, según los registros disponibles, se supera con cierta facilidad en temporada alta.
Treinta y cinco años después de la ley que lo creó, Cabrera sigue siendo lo que era: el mejor argumento balear para demostrar que la protección funciona cuando se aplica antes de que llegue el cemento. Lo que queda por demostrar es si las instituciones están dispuestas a defenderlo con la misma determinación con que lo defendió, durante décadas, la indiferencia militar.
