Un nuevo fracaso legislativo para el Gobierno de España. con alguno de sus socios de investidura criticando la indolencia del gabinete de Pedro Sánchez y otros hasta cuestionando su viabilidad, debería comportar una crisis que derivara en una convocatoria inmediata de elecciones generales. Pero los juicios por corrupción que cercan a la Moncloa, la incertidumbre económica actual, los pésimos datos de empleo publicados por la EPA y el manual de resistencia del presidente, dan a entender que la supervivencia del régimen pasa por negarle la voz a la mayoría social de este país, a pesar de las consecuencias nocivas que provoca un gabinete que carece de apoyos, presupuestos, ideas o agenda. Si se me permite una licencia deportiva, con sólo el “No a la guerra” se ganan partidos, pero no la Liga.
Todo este dislate arranca en noviembre de 2023, para evitar la alternancia dimanada de las urnas, cuando fue necesario crear un Frankenstein con los miembros de 27 partidos, federaciones y movimientos políticos, formando un trampantojo de coalición progresista, en la que sólo les unía un enemigo común, al estilo de los movimientos del 15 de mayo de 2011, germen del agónico Podemos.
Este martes, el Congreso ha rechazado el “Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán”, que es como lo publicó el BOE, tras el plante de los miembros de Sumar y un acalorado Consejo de ministros, que aprobó un proyecto que nació para evitar un nuevo cisma interno y que derivaba en la ciudadanía la solución a una de las muchas responsabilidades públicas incumplidas.
El problema de la vivienda se ha ido agravando en los últimos años como consecuencia del incremento demográfico y la inoperancia institucional ante la escasez de suelo, el aumento de la burocracia administrativa y la inseguridad jurídica. A lo largo de estos años, el Ejecutivo ha ido mencionando objetivos que han oscilado entre las 183.000 y las 276.000 viviendas dentro de diversos planes (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, acuerdos con la SEPES, Sareb, etc.). Para disimular su negligencia, el Gobierno suele utilizar el término "viviendas movilizadas" para referirse a su gestión. Esto incluye inmuebles que ya existían, viviendas rehabilitadas, suelos puestos a disposición y convenios con ayuntamientos, además de las de nueva construcción. Con todo, aunque no hay un sumatorio oficial, las estadísticas de calificaciones definitivas de vivienda protegida, en los últimos años, han oscilado entre las 11.000 y 14.500 unidades anuales, pero la parte correspondiente a la promoción pública (viviendas construidas directamente por administraciones estatales, autonómicas o locales) suele representar solo una parte reducida (por ejemplo, en 2025, de las 11.104 viviendas calificadas, sólo unas 4.000 fueron de iniciativa pública).
Si este cuello de botella ha disparado los precios de adquisición, topar el precio de los alquileres en zonas maduras, no salvaguardar la propiedad privada o promulgar decretos que amparen prórrogas extraordinarias o limiten la actualización de rentas, son medidas que contraen la oferta y que conllevan el alza desorbitada del coste para los inquilinos o la reducción del parque de vivienda disponible.
De este modo, la "tasa de esfuerzo financiero", que es el indicador que mide el porcentaje del salario bruto que un hogar debe destinar para cubrir el coste de la vivienda, ya sea mediante el alquiler o el pago de una hipoteca, se ha disparado exponencialmente en relación con los otros miembros de la Unión Europea. Si los organismos financieros y el Banco de España recomiendan no sobrepasar el 30-35% de los ingresos para garantizar la sostenibilidad económica del hogar, España supera sistemáticamente esta cifra en las grandes ciudades y zonas tensionadas, llegando a dispararse la tasa de esfuerzo para el alquiler -en ciudades como Barcelona, Madrid o Palma- por encima del 45-50%, situando a muchas familias en niveles de exclusión financiera.
Sin poder evaluar aún las consecuencias de los litigios que puede acarrear el decaído Decreto, estando en vigor sólo un mes, y temiendo las dificultades a las que se pueden enfrentar los casi tres millones de personas que pudieran haberse beneficiado, el árbol no puede taparnos el bosque del fracaso político. El barómetro de abril del CIS confirma que el acceso a la vivienda continúa siendo percibido como el principal problema de España para el 41,3 % de las personas encuestadas y solucionar los problemas de la ciudadanía debería ser el objetivo prioritario para un Gobierno, especialmente cuando lo componen sensibilidades de izquierdas, que se llenan la boca de “no dejar a nadie atrás”. Lo paradójico es que alguno de los integrantes del Ejecutivo, en lugar de gestionar y buscar consensos parlamentarios o asumir su incapacidad, alientan protestas contra la acción del Legislativo, llamando a tomar la calle para tratar de subvertir la voluntad de la soberanía popular. Esta anomalía institucional es una forma de eludir su responsabilidad como gobernantes y trata de dar cobertura a su radicalidad con el chantaje social.
La única manifestación justa y legítima para ganar el debate público se celebra tras la disolución de las Cortes y en los colegios electorales, porque son todos los ciudadanos con derecho a voto los únicos que tienen el derecho a decidir quiénes gestionan los recursos del Estado, promulgan las leyes y condicionan el futuro colectivo en democracia.
