El Govern Bauzá no tiene competencias sobre las radios "pirata" que actúan en las Baleares. Recuerda que las potestades sobre vigilancia y control de estas emisoras que actúan fuera de la ley corresponde a la Administración central. En todo caso, el autogobierno hace muy bien estando atento a esta situación, que hace daño la comunicación en el Archipiélago y que está forzando a las emisoras legales a conformar un frente común para plantar cara conforme a la normativa vigente a este tipo de prácticas. La crisis ha golpeado y golpea con dureza a los medios de comunicación, sean escritos o audiovisuales. Muchas empresas hacen esfuerzos extraordinarios para seguir adelante en condiciones muy adversas por la caída de la publicidad. Al fin y al cabo, la comunicación es el reflejo de la sociedad a la que sirve y donde desarrolla su tarea. Es en este contexto de dificultades y fragilidad donde se hace más dolorosa e infumable la acción de los medios radiofónicos "piratas". Es una vergüenza que se consienta su actividad, que se ejerce al margen de la normativa vigente. Los poderes públicos deberían ser conscientes de este hecho. ¿Qué pasaría si las prácticas piratas se extendiesen a todos los ámbitos y segmentos de la estructura productiva? ¿Qué pasaría si la competencia desleal se extendiese a lo largo y a lo ancho del tejido social? Sería catastrófico. Y si el Govern Balear no tiene competencias, lo cierto es que mantiene unas relaciones institucionales impecables con la Delegación del Gobierno, que sí puede informar al poder central de estas prácticas inaceptables.
