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Seguridad jurídica al azar

Por: mallorcadiario.com el 7 marzo 2015

El gerente del Casino Teatro Balear arremetió ayer contra la corporación municipal de Palma al acusarles de ser el “ayuntamiento de Pancho Villa” por sus actuaciones contra la empresa ganadora del concurso del segundo casino de la capital balear. José Antonio Fernández ofreció una rueda de prensa en la que se consideró víctima de una campaña de acoso y derribo para impedir que puedan abrir el establecimiento de juego en el plazo legal. Consideró, como ya ha dicho en anteriores ocasiones, que las trabas artificiales que ha ido generando el Ajuntament son producto de la arbitrariedad “porque ganó el concurso quien no tenía que ganar”, en clara alusión a las preferencias manifestadas por responsables políticos de Cort a favor del casino/hotel de la Playa de Palma. Así, dejó claro que los problemas que su empresa tiene con las licencias municipales (y que están ya en los juzgados) solo persiguen impedir la apertura del casino, lo que perjudica directamente a 200 trabajadores debidamente formados en la Escuela de Croupiers, que de no ser por los impedimentos sobrevenidos ya estarían trabajando.

Lo más grave fue la recomendación que hizo a los inversores de no invertir en Palma ya que, según él, no hay seguridad jurídica y la Ley no se cumple. Esta advertencia proviene de una empresa que afirma haber invertido 9 millones de euros y tener comprometidos otros tres millones para poner en marcha un proyecto empresarial que ganó legalmente un concurso del Govern de les Illes Balears con informes favorables del mismo consistorio municipal que ahora deniega las licencias correspondientes. Este mensaje supone un cuestionamiento público muy relevante del principio de seguridad jurídica del que el Partido Popular ha hecho bandera electoral con mucha razón. José Antonio Fernández dijo que su empresa es víctima de una situación que ellos no han creado, ya que si no podían hacer allí el segundo casino la Administración debió dejarlo claro desde un principio y no permitir que se cerrase el bingo que estaba operando sin problemas y se iniciasen las obras de adecuación; y mucho menos declararlos ganadores del concurso público para ahora impedirles, mediante subterfugios, abrir al público en los plazos estipulados. La seguridad jurídica en este caso ha quedado al azar, como la bola de la ruleta, lo que es tanto como hacerla desaparecer. Veremos lo que dirá la Justicia y lo que costará esta inaudita contienda legal a los habitantes de Palma.

Autor: mallorcadiario.com