La asociación Democracia y Justicia ha denunciado a través de un comunicado de prensa las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares. Esta queja pública se basa en una serie de hechos concretos que enumeran.
Denuncia la violación del principio básico a la presunción de inocencia puesto que “La fiscalía ha conseguido que algunos de los imputados que se declaran inocentes sean quienes tengan que probar su inocencia” y que incluso cuando han conseguido “probar la falsedad de las acusaciones vertidas por otros coimputados, piden la inadmisión de las pruebas”. Lo definen como la “perversión máxima del proceso penal”, donde los acusados deben demostrar que son inocentes y encima, la fiscalía se opone a que se admitan las pruebas de su inocencia.
Califican de inadmisible que los testigos propuestos por la fiscalía y sobre los que pesa alguna imputación en otras causas, días antes de testificar ante el Tribunal sean desimputados, a la par que se imputa a testigos de la defensa. También consideran que la fiscalía ha presionado de forma intolerable a los testigos de la defensa, hasta el punto de recriminar a los exchóferes de Maria Antònia Munar que hubiesen buscado las hojas de servicio donde constaba que día 21 de noviembre de 2004 el coche oficial no salió del Consell de Mallorca. Ese día fue el que, según Miguel Nadal, Munar le dio 300.000 euros dentro del coche oficial. Ante la actitud de los chóferes de querer averiguar la verdad Carrau les dijo que: “bastaba con decir que no lo recuerda…”.
Tampoco consideran procedente que la acusación pública se sustente en testimonios de coimputados sin ninguna otra prueba. Al no tener obligación de decir la verdad, Democracia y Justicia considera evidente que los imputados mentirán si a cambio consiguen “un premio” por parte de la Fiscalía. En su página web, Democracia y Justicia denunció en junio de 2010 los pactos con fiscalía como “antesala de fabricación de pruebas falsas”.
Para ellos el hecho de publicar, en los días en que se celebraba el juicio, el escrito de acusación que afecta a Miquel Nadal por el caso Son Oms, es un modo de presionarle para que haga lo que la fiscalía quiere. Estos hechos ya ocurrieron durante el juicio del caso Nimbus contra Jaume Matas. Su defensa lo denunció.
A Democracia y Justicia les llama la atención que tanto Miguel Sard como Víctor García confesaran ser testaferros de Miquel Nadal en la compra de acciones de Video U, pero que solamente el primero haya gozado de la atenuante de confesión.
Finalmente, observan una “manipulación utilizar como testimonio importante las declaraciones de Álvaro Llompart, quien ha pactado con Fiscalía al encontrarse inmerso en otro importante caso judicial, y más cuando éste dijo: “me lo dijo Miquel Àngel Flaquer pero yo no lo sé…”, sin traer a testificar a la fuente para que corrobore o niegue el testimonio de Llompart.
La denuncia de Democracia y Justicia va más allá. Según la asociación, “se ha intentado por todas las formas imaginables boicotear nuestra participación” en la causa penal Maquillaje y en la pieza separada Temps d’Esport y que “una vez que no se consiguió, se intentó o bien coartar nuestras actuaciones o bien dirigirlas a conveniencia, hasta que finalmente se nos atacó despiadadamente hasta el extremo de pedir nuestra expulsión del juicio”.
Democracia y Justicia considera una infamia la acusación vertida contra ella de ser “apéndices de la defensa” de algunos acusados y explican que la asociación, que cumple todos los requisitos legales, ya se personó como acusación popular en la causa matriz en agosto de 2010.
Contra Munar, no tiene merito, ya estan el PP, PSOE, PSM, IU,CARRAU, SUBIRAN i com deim en mallorqui,……de CA´NAN
Democracia y Justicia podrá personarse como acusación popular en la causa que abrirán los tribunales contra los exdirectivos del Mallorca cuando finalice la auditoría.
Si en lugar de escribir “Democracia y Justicia” escriben “María Antonia Munar” se lee igual y se entiende mucho mejor.
Es muy triste presenciar como determinados profesionales del derecho utilizan estas estrategias, legales pero inmorales, para dañar la imagen de la justicia en pro de intereses particulares. Desconozco el interés que tiene esta asociación que preside el guardia civil Perpinya, ahora metido a comunicador, para realizar estas pantomimas legales defendiendo a determinados políticos que nos han llevado a la ruina económica, llámese Munar. El problema de la corrupción no se llama Carrau, sino que el problema es que existe y que es necesario, para conseguir una limpieza democrática, que se busque a los culpables y se les condene conforme a la ley. Aunque siempre se puede hacer mejor de momento las decisiones de los jueces están dando la razón a la fiscalía Anticorruupción y no se entiende muy bien el interés que tiene este medio digital en perseguir a los fiscales y defender a los políticos cuya sombra de sospecha es muy alargada.
La fiscalia, piensa que “su fin” justifica los medios, y en democracia, esto no es asi.Es una práctica de dictaduras comunistas o militares.
..Que en delitos como terrorismo y otros si se aplican…Si…
“democracia y justicia ” no parece interesada en luchar contra la escandalosa e impune corrupción de la clase política que ha arruinado a las islas.Parece que todas las ” pegas ” legales que achacan a la fiscalía anticorrupción, además de carecer de sentido, son técnicas legales que en delitos como terrorismo y otros.Si “democracia y justicia ” quieren ser filológicamente rigurosos,servir al pueblo que les paga, y hacer justícia, no impidan con ardides la lucha contra la corrupción,corrupción que en mi opinión es el principal problema que tienen las islas,y el país
Las actuaciones de la fiscalia, son posibles, porque los jueces, no ponen orden.Los pactos no se pueden conseguir con amenazas,ni prisiones prerventivas.
Por cierto, que toda España ha podido ver como Carrau abroncaba a un testigo por haberse documentado antes de ir a declarar. A carrau le pareció mal que el testigo, con el fin de no faltar a la verdad, se documentara sobre la realidad de los hechos. Unos hechos que, por cierto, desmontaban la teoría del Fiscal.
El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional afirman de forma unánime que las declaraciones de coimputados son “intrínsecamente sospechosas” precisamente porque pueden mentir para salir ellos beneficiados perjudicando a otros que, simplemente, no quieren hacer lo que la Fiscalía les exige.