El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, volverá a ser citado a declarar por el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, si el informe que la Agencia Tributaria está a punto de presentar y las comisiones rogatorias libradas a Andorra, Suiza y Luxemburgo -de las que aún no hay respuesta- profundizan con nuevos datos en torno a la actividad presuntamente delictiva del marido de la Infanta Cristina al frente del Instituto Nóos, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.
Lo mismo sucederá, según las mismas fuentes, con su exsocio Diego Torres, quien después de que fuese citado a declarar de forma voluntaria el pasado mes de mayo, finalmente solicitó la suspensión de la comparecencia, mientras que en febrero, cuando acudió a la llamada del juez Castro en Palma para interrogarlo, se acogió a su derecho de no declarar.
Y es que los investigadores del caso Nóos, que conforma una de las 26 piezas separadas de la compleja causa centrada en las supuestas irregularidades cometidas durante la construcción del velódromo Palma Arena, permanecen pendientes de la respuesta de las tres comisiones rogatorias, que prevén arrojar luz sobre el destino del dinero que desde el Instituto fue a parar a cuentas bancarias localizadas en estos países.
Por el momento, las autoridades de los tres Estados no han respondido a la petición cursada por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, quien mediante estas diligencias quiere que sean identificados los titulares de las cuentas en las que fueron depositados miles de euros a través de las sociedades vinculadas a Nóos, presidido entre 2004 y 2006 por el yerno del Rey Don Juan Carlos.
De hecho, una de estas cuestiones, la relacionada con la cuenta de Suiza, salió a relucir en el extenso interrogatorio del magistrado a Urdangarin, quien justificó que a través de esta cuenta bancaria cobró un proyecto relacionado con la empresa Aguas de Valencia, al mediar entre la mercantil valenciana y un ciudadano de origen jordano, Manssour Tabaa, que fue la persona que abonó este servicio.
De forma paralela, tanto el magistrado como la Fiscalía Anticorrupción también se encuentran a la espera de que la Agencia Tributaria aporte al caso Nóos el informe que solicitó el juez en torno a los ingresos percibidos a través de Nóos por parte de los dos socios para poder cuantificar el dinero que presuntamente defraudaron por trabajos cuya realización no ha sido justificada, y a partir de ahí solicitar una fianza de responsabilidad civil millonaria.
Sin embargo, aunque el Ministerio Público está pendiente de poder analizar la documentación de Hacienda y a partir de ahí calcular la cantidad a la que podría ascender la caución que los fiscales pidan al magistrado, se estima que la cifra podría alcanzar al menos los dos millones de euros, según apuntaron fuentes del procedimiento a Europa Press.
Por ahora, los investigadores apuntan que Urdangarin y su exsocio Diego Torres encabezaron una trama a través de la cual se habrían apoderado de 5,8 millones de los fondos públicos que percibió Nóos. En concreto, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los delitos que se indagan en este fleco del caso Palma Arena.
ENTRAMADO SOCIETARIO PARA DESVIAR FONDOS
Las acusaciones consideran a ambos encausados responsables de urdir un entramado societario cuando los dos estaban al frente de Nóos con el fin de hacerse con los fondos públicos y privados que recibía la entidad. Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas controladas por los dos imputados.
Todo ello a través de mercantiles de las que eran propietarios y administradores: Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de las investigaciones junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.
