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Queda en libertad con cargos Germán Chacártegui

domingo 21 de agosto de 2011, 14:12h
La magistrada Carmen Abrines, en funciones de sustitución en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma,  tomó el sábado declararción al exjefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui y a raíz de la misma, se han producido 4 nuevas detenciones. Los detenidos a raíz de la declaración de Chacártegui son el exgerente del organimso, Malen Tortella, dos empleados de la empresa y un ingeniero de una empresa constructora de quienes se sospecha pudieron beneficiarse del sobrécoste de la compra de los contenedores.  Germán Chacártegui, quedó en libertad con cargos pero deberá personarse 'apud acta' cada quince días ante el Juzgado, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press. El imputado, sobre quien pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración, llegó a los Juzgados de Vía Alemania procedente de la comandancia de la Guardia Civil en torno a las 17.00 horas, esposado y cubriéndose la cara con su camiseta para evitar ser grabado por los cámaras congregados, y tan sólo hora y media después abandonaba las dependencias judiciales. Durante su comparecencia ante la jueza y los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, Chacártegui se ha ratificado en la declaración que prestó anoche en dependencias del Instituto Armado, y se ha desvinculado de las decisiones adoptadas en torno a la compra de contenedores soterrados a la empresa Seguridad y Limpiezas S.A., que según las pesquisas derivó en un sobrecoste de hasta 1,5 millones de euros cuyo destino se desconoce. De este modo, el encausado ha apuntado hacia quienes fueron sus superiores en Emaya, es decir, la ex presidenta de la empresa pública Cristina Cerdó, la ex gerente Malen Tortella y otros cargos, al aseverar que fue la cúpula de la sociedad municipal la que adoptó las decisiones a la hora de decidir adquirir los 'containers' a Seguridad y Limpiezas, cuyo administrador Juan Pocoví, también imputado, fue anoche puesto en libertad por la Guardia Civil. Unas afirmaciones que contrastan con las sospechas de los investigadores, que apuntan a que Chacártegui, quien hasta su destitución en julio de 2009 era responsable de los servicios de recogida de basuras, habría intervenido en las presuntas irregularidades que condujeron al supuesto desvío. Y es que, de acuerdo a las pesquisas, el Consistorio abonó por cada contenedor -se adquirieron unos 200- más de 11.000 euros, una cantidad muy superior al precio unitario del mercado en el resto de España, calculado en unos 6.000 euros. Sin embargo, Chacártegui ha insistido durante su comparecencia en que él no tenía poder ejecutivo para decidir sobre adjudicaciones o sobre a qué empresa había que acudir para realizar adquisiones, como en el caso de los contenedores, como tampoco pertenecía a la mesa de contratación ni al consejo de administración para poder adoptar decisiones de este calado, sino que eran sus superiores quienes lo hicieron, según han informado fuentes jurídicas. En esta misma línea, ha negado haberse concertado con la empresa contratista para que fuese ésta y no otras sociedades con materiales más baratos la que proporcionase los equipos a Emaya. El auto dictado por la jueza apunta sin embargo a la existencia de indicios de que Chacártegui, asistido por el letrado Juan José Cano de Alarcón, incurrió en delitos contra la Administración, título genérico que da el Código Penal a las infracciones penales que afectan al correcto funcionamiento de las instituciones públicas. En concreto, la operación Ossifar, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 a instancias del Ministerio Público, eleva a entre uno y 1,5 millones de euros los fondos que presuntamente se desviaron en la adquisición de contenedores soterrados de basuras a Seguridad y Limpiezas S.A. Unos hechos que se produjeron después de que el Ayuntamiento convocase el 10 de febrero de 2009 un concurso para instalar en algunas calles de la ciudad un nuevo sistema de contenedores soterrados, importados por distribuidores españoles de países como Italia y Finlandia debido a sus ventajas medioambientales y sanitarias. A la convocatoria concurrieron empresas locales y dos UTE -la formada por Llull Sastre Construcciones y Contratistas Mallorquines Asociados, y la UTE Adecuación Calles Palma- que resultaron adjudicatarias el 16 de marzo de estas licitaciones. Sin embargo que, tras resultar adjudicataria, la UTE Adecuación Calles Palma firmó en abril un contrato con Seguridad y Limpiezas para adquirir los denominados contenedores Easy a un precio superior al que presentó al Ayuntamiento cuando dio a conocer su oferta, sin que hasta el momento haya sido justificada esta decisión, tal y como refleja una resolución de la Comisión Nacional de la Competencia al que tuvo acceso Europa Press. JOAN POCOVÍ HA SEGUIDO LA MISMA SUERTE POR LA MAÑANA El administrador único de la empresa Seguridad y Limpiezas S.A., Juan Pocoví, detenido el pasado jueves en el marco de la operación Ossifar, quedó anoche en libertad con cargos tras ser interrogado por la Guardia Civil y la Fiscalía, mientras que el otro de los arrestados, el ex jefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, pasará esta tarde a disposición judicial, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press. En concreto, sobre los imputados pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración y prevaricación. Pocoví fue interrogado en la tarde de este viernes en dependencias del Instituto Armado por el presunto desvío de 1,5 millones de euros públicos en la compra de contenedores soterrados a su mercantil, tras lo cual el encausado quedó en libertad a la espera de que sea requerido por el juez instructor para tomarle declaración. Por su parte, está previsto que Chacártegui, quien ha pasado una segunda noche en los calabozos de la Guardia Civil, sea conducido esta tarde desde la Comandancia hasta los Juzgados de Vía Alemania para pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 5, que se encuentra en funciones de guardia. De forma paralela, los investigadores se han dedicado a revisar la documentación incautada en el marco de esta nueva operación, que continúa abierta y bajo secreto. Ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma a instancias de los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, la operación Ossifar eleva a entre uno y 1,5 millones de euros los fondos que presuntamente se desviaron en la adquisición de contenedores soterrados de basuras a Seguridad y Limpiezas S.A. Los investigadores apuntan a que Chacártegui, quien hasta su destitución en julio de 2009 era responsable de los servicios de recogida de basuras, habría intervenido en las presuntas irregularidades que derivaron en el sobrecoste de la compra de los 'containers'. Y es que, de acuerdo a las pesquisas, el Consistorio abonó por cada contenedor -se adquirieron unos 200- más de 11.000 euros, una cantidad muy superior al precio unitario del mercado en el resto de España, calculado en unos 6.000 euros. Así las cosas, tras detectarse estas supuestas irregularidades y después de una investigación interna, la expresidenta de Emaya, Cristina Cerdó, lo cesó en el cargo y puso estos hechos en conocimiento del Ministerio Público en verano de 2009. Sin embargo, no fue la única actuación que llevó a cabo el Ayuntamiento en este sentido ya que también interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia contra Seguridad y Limpiezas S.A. y otras tres empresas -Nord Engineering, Reparaciones Técnicas y Servicios Avant y Schmitdt Ibérica de Equipos de Mantenimiento de Carreteras (RTSAvant)-, que finalmente fue archivada, tal y como consta en la resolución de la Comisión a la que ha tenido acceso Europa Press. El Ayuntamiento decidió el 10 de febrero de 2009 convocar un concurso para instalar en algunas calles de la ciudad un nuevo sistema de contenedores soterrados, que eran importados por distribuidores españoles de países como Italia y Finlandia debido a sus ventajas medioambientales. A la convocatoria concurrieron empresas locales y dos UTE -la formada por Llull Sastre Construcciones y Contratistas Mallorquines Asociados, y la UTE Adecuación Calles Palma- que resultaron adjudicatarias el 16 de marzo de estas licitaciones. ADQUISICIÓN A UN PRECIO SUPERIOR QUE NO HA SIDO JUSTIFICADA El expediente señala sin embargo que, tras resultar adjudicataria, la UTE Adecuación Calles Palma firmó en abril un contrato con Seguridad y Limpiezas para adquirir los denominados contenedores Easy a un precio superior al que presentó al Ayuntamiento cuando dio a conocer su oferta, sin que hasta el momento haya sido justificada esta decisión.
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    152070 | sebastian - 27/04/2013 @ 17:12:44 (GMT+1)
    y mi familia es otro caso y lo tenemos comprobado 100% y estamos buscando fomras para que pague por ello
    150154 | Miguel - 20/04/2013 @ 22:06:12 (GMT+1)
    Lo que comenta Monte Cristo es una realidad,se vende a cualquiera. Yo soy una victima de ese corrupto hijo de la gran...
    78822 | Monte Cristo - 18/10/2011 @ 05:13:03 (GMT+1)
    Este Juan Jose Cano de Alarcon no es un abogado con etica y morales, el es un incompetente traidor icho de puta y ten cuidado que no te traicionara. Este tipo es corrupto y te va vender por poco dinero si lo contratas estas jodido.

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