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La Fiscalía recurre la polémica sentencia de absolución de La Paca

lunes 03 de junio de 2013, 13:47h

La Fiscalía ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que absolvió a 40 de los 52 acusados en el mayor proceso por narcotráfico de la historia de Baleares, el caso Kabul, entre ellos Francisca Cortés Picazo "La Paca", antigua matriarca del poblado chabolista de Son Banya de Palma.

En un comunicado la Fiscalía de Baleares manifiesta su "máximo respeto a la sentencia y a sus razonamientos jurídicos, así como a cualquier otra decisión judicial, como no puede ser de otra manera en un Estado de derecho".

No obstante, añade que "al no compartir determinados extremos de tales razonamientos jurídicos" la Fiscalía de las islas "ha optado por preparar el recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra dicha sentencia".

La Audiencia declaró nulas las escuchas telefónicas que permitieron incriminar a la gran mayoría de los encausados.

Entre los absueltos está "La Paca", ya encarcelada por otros delitos y que en este juicio se enfrentaba a una petición de pena de 19 años y medio de cárcel por diversas acusaciones en relación a una trama múltiple de tráfico de cocaína y heroína en Mallorca e Ibiza.

En la sentencia, la sección segunda de la Audiencia Provincial dicta condenas de entre 7 y 3 años de prisión por delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) para diez personas y de un año de cárcel para otro de los procesados, en este caso por tenencia ilícita de armas, mientras que deja en suspenso la petición fiscal de sobreseimiento respecto a otro acusado.

En el juicio, que dio comienzo en enero en unas dependencias especialmente habilitadas en un polígono industrial de Palma y concluyó a principios de abril, la Fiscalía solicitó para los acusados penas que sumaban casi 700 años de prisión y multas que rondaban, en total, los 29 millones de euros.

Las penas finalmente impuestas, todas atenuadas por "dilaciones indebidas" en el proceso, suman 56 años y medio de cárcel y las multas ascienden a 4,4 millones de euros.

La sala segunda de la Audiencia provincial, que preside Diego Jesús Gómez-Reino, respalda su decisión de anular las escuchas telefónicas autorizadas por el juez instructor en una sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se recalca que la intervención de las comunicaciones no puede basarse en suposiciones sobre la participación en delitos de los afectados.

"Las escuchas constituían una medida de prospección" que no se motivó suficientemente por el instructor y, además, los investigadores no sopesaron "solicitar judicialmente una medida inicial menos invasiva", argumentan los magistrados, que ponen de relieve que ni siquiera se hicieron seguimientos físicos a los supuestos traficantes "pinchados".

La sala atribuye al juez instructor el papel de "mero espectador" que dio "el visto bueno" a la petición de los investigadores policiales "sin poner el más mínimo reparo", lo que ha devenido en la nulidad tanto de las primeras escuchas como de las derivadas de la información obtenida en ellas. 

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