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Massot vuelve al banquillo por avalar una licencia en terreno protegido

viernes 09 de septiembre de 2011, 15:50h
El ex jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot, quien en la actualidad cumple condena en la cárcel de Palma por dos piezas del Caso Andratx, volverá a sentarse este viernes en el banquillo de los acusados por avalar la concesión presuntamente irregular de una licencia para la construcción de un chalet de 140 metros cuadrados en terreno protegido. Unos hechos por los que la Fiscalía reclama tres años y medio de prisión para el encausado mientras que la acusación particular, ejercida por el Consistorio, pide un total seis. En concreto, el juicio, que corresponde a la pieza 9 de la causa, tiene lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial desde las 10 horas y está previsto que continúe el día 16. Junto a Massot están acusados el propietario de la vivienda, Emilio Martínez (alias 'el Panza'), su mujer María Jesús González y su hijo Pedro Martínez; el técnico jurídico Jacobo Rodríguez Miranda; el técnico municipal Gabriel Vicens; el arquitecto director de las obras Luis Ros; la administrativa Ángela Hernández, y el celador Jaume Gibert. Tal y como postulan las acusaciones, tras adquirir la parcela por la “burlesca cantidad” de 31.252 euros, Martínez, su mujer y su hijo comenzaron entre 2002 y 2004 a efectuar obras sin ningún tipo de licencia en un Área Rural de Interés Paisajístico (Arip) sin que constase la existencia de construcción alguna sino tan sólo unas ruinas de una casa de aperos. Para ello, solicitaron un certificado de superficie y antigüedad a la acusada Ángela Hernández, quien de su puño y letra anotó la inscripción de 50 metros cuadrados -en referencia a los restos existentes- “a sabiendas de la falsedad de dichos datos” para no obstaculizar la concesión de la autorización. Según el Ministerio Público y la acusación particular, ejercida por los letrados Josep de Luis e Isabel Fluxà, lo redacta ella misma “por órdenes del señor Massot”, con quien tenía una “estrecha” e “indudable” relación de amistad. Los escritos de acusación, a los que tuvo acceso Europa Press, señalan que la concesión de la licencia fue respaldada por Ros, que “faltando claramente a la verdad” indicó que el suelo era urbano, para posteriormente entrar en escena Rodríguez Miranda y Vicens, quienes emitieron sendos informes favorables “de forma arbitraria para favorecer el otorgamiendo de una licencia nula de pleno derecho”. Precisamente, sobre Rodríguez Miranda ya advertía el anterior juez instructor del caso Andratx, Francisco José Pérez, que como asesor jurídico debía tener conocimientos en materia urbanística y “velar por el cumplimiento de la legalidad”. “Si de lo contrario se limitara a comprobar que se han elaborado todos los informes, sería irrelevante su formación: da igual que fuera administrativo, licenciado en enfermería o en psicología”, abundaba al respecto el auto que dictó para decretar el fin de la instrucción de la pieza, posteriormente confirmado por la Audiencia. DELITOS DE FALSEDAD Y PREVARICACIÓN La licencia fue finalmente aprobada por junta de gobierno el 22 de julio de 2005. Las acusaciones apuntan que los hechos constituyen delitos de falsedad en documento oficial, contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística, y dirigen sus peticiones más elevadas de cárcel contra Ángela Hernández, para quien la Fiscalía solicita tres años y medio de cárcel y la acusación particular un total de seis, al igual que a Massot, asistido por el abogado Fernando Mateas. Mientras tanto, el Ayuntamiento reclama otros cuatro para María Jesús González, Emilio Martínez, Pedro Martínez y Luis Ros, y un año de privación de libertad para Gabriel Vicens y Rodríguez Miranda. Asimismo, pide que se derribe lo construido fuera de legalidad así como fianzas de responsabilidad civil de 60.000 euros para Hernández y Massot, 39.000 para la familia Martínez y para Ros, y 10.000 para Vicens y Rodríguez Miranda.
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