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El mito de la seguridad jurídica

jueves 25 de octubre de 2012, 09:02h

Decenas de funcionarios jubilados se encierran en el Ib-Salut porque alguien ha tenido la ocurrencia de que sus complementos de pensión –las condiciones en que aceptaron jubilarse, en suma- son eliminables, como ejemplo de política de austeridad. La historia, espeluznante, no es nueva. En las postrimerías del reinado del pacte, el sector de la enseñanza concertada suscribe un acuerdo con el govern para paliar mínimamente los eternos desfases retributivos de sus docentes –veintisiete años esperando la equiparación que impone la Ley- y para que los profesores que, a la vez, son miembros de una congregación religiosa –no confundir con los profesores de religión- cobren por fin lo mismo que los que son laicos. El acuerdo se firma tras muchos meses de negociación, pero antes de ser aplicado, Llinás, Manera y su inefable subalterno Rosselló se desdicen y lo dejan sin efecto, sin inmutar un ápice sus rostros de hormigón armado. Luego llegará la congelación de todos los acuerdos suscritos desde 2001, el descuento del 5%, el de la paga extra de este año... y lo que vendrá.

Por si no lo saben, el artículo 9 de nuestra Constitución proscribe la inseguridad jurídica y la arbitrariedad de los poderes públicos. No se rían, leches, que hablo en serio.

Inexplicablemente, los tribunales confirman una y otra vez –con argumentos, digamos pintorescos- todas las medidas de los gobiernos que se cepillan derechos consolidados de funcionarios, trabajadores y pensionistas. ¿La razón? La única plausible es que los jueces no están dispuestos a ser los únicos recortados y que, además, les ha entrado la vena utilitarista y del servicio de la jurisprudencia a la causa de la crisis, creyendo que contribuyen a la recuperación, cuando lo que hacen es un flaco favor a la ley y al estado de derecho, que es ya sólo un chicle requetemascado por los poderosos.

Al Govern le pone la alusión a la seguridad jurídica, especialmente cuando habla de autorizar nuevas grandes superficies comerciales o del derecho de los promotores a seguir llenando el territorio de viviendas vacías, como si mañana fuera a haber un súbito baby-boom. Por cierto, no lo descarten, quizás pronto la coyunda sea lo único gratuito, si es que no le ponen una tasa al ayuntamiento (carnal).

Qué bonito, el país del derecho estable, donde todo el mundo podrá invertir sabiendo qué leyes rigen, sin que los gobiernos tengan la tentación permanente de modificar las normas aprobadas por sus adversarios o, incluso, por el conseller precedente de su propio partido. Se me caen las lágrimas al pensarlo.

Otrosí. La Inspección educativa se pasea por los colegios con una sentencia de nuestro TSJ bajo el brazo –que resuelve el caso particular de una ciudadana-, con la que advierte a los directores y docentes que, o imparten docencia en castellano, o que se atengan a las consecuencias. Mientras tanto, en el Parlament, la políglota Cabrer afirma que no cabe aplicar la sentencia que condenó a la farmacéutica y miembra del govern socialista, Aina Salom, al caso del farmacéutico y miembro del govern conservador, José Ramón Bauzá. Las sentencias resuelven casos concretos, espeta la inventora del ferrocarril metropolitano submarino. Son casos distintos, dice.

La misma doctrina diferencial aplica la fiscalía y la judicatura a Urdangarín y su desentendida esposa. Este caso es único entre todos los demás, pues ella no sabía nada, no podía saber nada.

¿No sería más fácil derogar de una vez el jodido artículo 9? 

    

 

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