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El decreto del catalán genera conflicto en la sanidad

domingo 17 de diciembre de 2017, 22:00h

La manifestación que este domingo tuvo lugar en Maó (Menorca), donde centenares de personas se mostraron contrarias al decreto que prepara el Govern para exigir el nivel B.2 de catalán a todo el personal sanitario, debiera encender todas las alarmas al Ejecutivo que preside Francina Armengol. No se manifiesta tanta gente en Menorca si no creen que es necesario hacerlo y que la causa lo justifica.

Ni un solo sindicato apoya la medida y solo esto debiera hacer reflexionar al departamento de la consellera Patricia Gómez, pues por más que se niegue que el decreto vaya a tener algún efecto negativo en la contratación de profesionales y aún menos en la atención a los pacientes, los trabajadores no lo ven así y temen, tanto una fuga como una preocupante llegada de profesionales de fuera, muy necesarios en áreas como por ejemplo Ibiza y Formentera.

Tanto PSIB como Més, en esta materia, están incurriendo en un error garrafal, seguramente que por inercia de la legislatura pasada, haciendo lo que ellos reprocharon al presidente José Ramón Bauzá: están creando un problema donde no lo había. El debate sobre la conveniencia de que acreditar un nivel concreto de catalán sea un requisito imprescindible o un mérito valorable, está ahí. Pero si las medidas que se toman son unilaterales por parte de la Administración y no cuentan con el respaldo de los profesionales, entonces se genera un conflicto donde no lo había.

Porque hay que recordar que las quejas por razones lingüísticas en el ámbito de la salud pública son excepcionales, casi anecdóticas si se tiene en cuenta que se atiende a miles de pacientes cada día en los hospitales y centros de salud de toda Balears.

Así pues, convendría que la Conselleria de Salut abriese un proceso de reflexión y abandonase la unilateralidad, por más que lo exija la formación econacionalista Més per Mallorca. Negar por activa y por pasiva lo que los profesionales anuncian que sucederá, no lleva a ninguna parte y eterniza alcanzar una solución. Y no es bueno que el sector de la sanidad pública esté expuesto a estas tensiones que ya alcanzan a los usuarios, como demuestra la concentración de este domingo en Maó.


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