6 de abril de 2020, 5:32:15
SOCIEDAD

"si fuese diputado le diría cuatro frescas más"


Bravo dice que volvería a llamar "fascista" a Bauzá y ratifica la querella



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El exsecretario general de UGT Lorenzo Bravo, quien este martes ha acudido a los Juzgados para ratificar la querella que junto al sindicato interpuso contra el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, ha manifestado que no se arrepiente de haber llamado "fascista" al mandatario autonómico, recalcando que "lo volvería a hacer y, si fuese diputado en el Parlament, le diría cuatro frescas más".

Tanto Bravo como su sucesor en el cargo, Manuel Pelarda, han estado presentes en el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, donde han ratificado la querella contra Bauzá por haber utilizado los servicios jurídicos del Govern para defenderse de los improperios que contra él lanzó Bravo, entre ellos el de "fascista". El presidente inició actuaciones civiles contra el excretario general de UGT, si bien la demanda fue archivada tanto en primera instancia como por la Audiencia Provincial de Baleares.

En declaraciones a los medios, Bauzá "se ha pasado la democracia por el forro" al aseverar que "no puede jugar con dinero público para defender asuntos particulares". Asimismo, ha recordado que después de que la demanda de Bauzá fuese sobreseída, le remitió una carta para tenderle la mano y "hablar de consenso, si bien la respuesta fue un recurso contra la sentencia".

"Por que sea presidente no tiene derecho 'de pernada'", ha añadido Bravo, quien en esta misma línea ha lamentado que los partidos políticos, exceptuando el PP, "vayan a remolque de querellas como ésta por la cobardía ante situaciones como la que estamos viviendo, pero esto se arregla con calle, participación ciudadana y rebeldía, si hace falta".

Por su parte, Pelarda ha manifestado que el hecho de que el Govern revelase el pasado viernes que hace unos meses reclamó al sindicato  el reintegro de 1,2 millones de euros que recibieron en subvenciones entre los años 2007 y 2011, es "con toda claridad" una respuesta a la querella interpuesta contra Bauzá, si bien ha advertido de que "por muchas presiones que recibamos no vamos a cambiar de marcha. El que la hace la paga", ha remachado. Mientras tanto, Bravo ha subrayado que UGT es el único sindicato que tiene sus cuentas colgadas en Internet.

Cabe señalar que la Audiencia debe dictaminar en breve si el hecho de que Bauzá emplease a la Abogacía de la Comunidad Autónoma para defender su derecho al honor es delictivo o no, después de que la Fiscalía haya recurrido la admisión a trámite de la querella.

El órgano judicial deberá deliberar así sobre el fondo de este asunto y fallar bien de acuerdo a las consideraciones del juez encargado de las pesquisas, que sostiene que Bauzá utilizó "indebidamente" los servicios de la Abogacía para "ejercer una acción personalísima a favor de su honor", o bien del Fiscal Superior de Baleares, Bartomeu Barceló, que apunta en su recurso a que las manifestaciones iban dirigidas a Bauzá como presidente y "no como particular".

La Audiencia falló el pasado mes de junio a favor de Bravo frente a la demanda que Bauzá por unos insultos que profirió el líder de UGT como consecuencia de los acuerdos adoptados en septiembre de 2011 en referencia a la reducción de liberados sindicales y al recorte de subvenciones a los sindicatos. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo por Bauzá.

LA JURISPRUDENCIA PRIMA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN AL DERECHO AL HONOR


Y es que el tribunal destacaba, al hilo de la sentencia dictada en primera instancia, cómo la jurisprudencia da una mayor tutela a la libertad de expresión que al derecho al honor en el marco de una contienda política, como sucedió en este caso, amparándose para ello en numerosas sentencias del Tribunal Supremo que, en este sentido, apelan a la necesidad de valorar el contexto en que se producen los improperios, "estando los políticos sometidos a la crítica social en mayor grado que cualquier particular".

Así, en el caso de Lorenzo Bravo, recalca la Audiencia que sus manifestaciones -como "fascista", "el engominado este" o "lo que propone el Govern es tan dictatorial como si, por la cara, yo decidiera sin consenso que en el Parlament sobran 30 escaños o en el Congreso 300"- se produjeron como reacción a unas decisiones del Govern presidido por Bauzá que "evidentemente resultaban cuando menos molestas para quien representaba al sindicato que veía mermada una fuente de sus ingresos y que algunos de sus delegados que antes no lo hacían, tenían que volver a sus puestos de trabajo".
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