30 de mayo de 2020, 18:12:09
SOCIEDAD

CASO MAR BLAU | DECLARAN GONZALO PASCUAL Y JOAN VERGER


Los fiscales anticorrupción de Baleares interrogan en Madrid a Díaz Ferrán



Los fiscales Anticurrupción de Baleares Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán se han desplazado a Madrid, según ha podido confirmar mallorcadiario.com, para interrogar al presidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) en calidad de imputado en su condición de propietario de Trapsayates. Gerardo Díaz Ferrán ha comparecido en dependencias policiales de Madrid en el marco de la ‘operación Mar Blau’, que investiga una presunta trama de concursos amañados a través de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) presidida por el también imputado, el socialista Francesc Triay. Fuentes de la investigación han señalado que el empresario ha comenzado a declarar en torno a las 13.00 horas, después de ser localizado anoche y serle comunicada su citación como encausado. Díaz Ferrán ha sido inquirido en torno a la concesión a Trapsayates de la gestión de los amarres del puerto de Maó, adjudicación aprobada en 2008 y en la que se centran las pesquisas por haberse producido un presunto trato de favor hacia esta empresa, informa Europa Press. Además, la Policía Nacional ha interrogado este mediodía en Madrid, a partir de las 12.00 horas, al también responsable de Trapsayates, Gonzalo Pascual, en calidad de imputado. Así lo han informado a Europa Press fuentes policiales, que han señalado que, tras el interrogatorio, Pascual continúa imputado en esta Operación, que se ha saldado con un total de nueve personas imputadas, entre las que destaca el socio de Pascual y presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y propietario del conglomerado de empresas Trapsayates, Gerardo Díaz Ferrán, quien también ha sido interrogado esta mañana. Así, tanto Pascual, como Díaz Ferrán Díaz Ferrán han sido interrogados en torno a la concesión a Trapsayates de la gestión de los amarres del puerto de Maó, adjudicación aprobada en 2008 y en la que se centran las pesquisas por haberse producido un presunto trato de favor hacia este grupo de empresas, perteneciente al grupo Marsans. Las citadas fuenets han señalado que, tras interrogar a los nueve imputados, entre los que también se encuentran el presidente y ex-presidente de la Agencia Tributaria de Baleares, Francesc Triay, y Joan Verger, respectivamente, ya no están previstas nuevas declaraciones ante la Policía Nacional, por lo que el juez redactará el atestado la próxima semana. Mientras tanto, también ha prestado declaración, esta vez en la Jefatura Superior de Policía, el ex presidente de la APB, Joan Verger, también como imputado, ya que bajo su mandato se habrían producido las principales irregularidades investigadas en estas diligencias, que indagan la posible comisión de delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública y estafa, en los que habrían incurrido funcionarios de la APB en el marco de estas adjudicaciones. En principio no hay previstos nuevos interrogatorios a lo largo de esta jornada sino que se espera que continúen la próxima semana con nuevas citaciones, según han indicado las mismas fuentes. Durante este jueves fueron interrogados varios técnicos de la APB mientras que por la tarde depusieron el actual presidente de Autoridad Portuaria, Francesc Triay, y el director de esta entidad, Ángel Matías, todos ellos como imputados. Las indagaciones apuntan a que la convocatoria para la concesión de la explotación de los amarres, cuyo pliego de bases y cláusulas fue aprobado por unanimidad por el Consejo de administración de la APB el 30 de septiembre de 2003, pudo ser amañanada a tenor, entre otros aspectos, de lo trascendido de una conversación entre Joan Verger y Ángel Matías con el máximo responsable del Club Marítimo de Maó, Luis Barca, al margen del proceso de adjudicación. Así, la Fiscalía ha enfocado sus investigaciones durante estos últimos meses en las negociaciones que se habrían llevado a cabo independientemente del desarrollo del concurso y de la valoración de los técnicos a las distintas propuestas presentadas. La concesión pasaba por la gestión de los atraques por parte de Trapsa durante 14 años y diez meses, con una inversión de 2,8 millones de euros para 155 amarres de 10 a 30 metros de eslora.
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