20 de junio de 2019, 0:00:17
SOCIEDAD

INVESTIGACIÓN | POR 8.000 EUROS


Diez empresarios del juego imputados por impago de tasas



Diez empresarios del juego en Baleares, un funcionario de la Conselleria de Interior y un abogado han sido imputados en el marco de una causa que investiga el impago de unos 8.000 euros en concepto de tasas que debían ser abonados al Govern entre 2006 y 2009, año en que fueron detectadas estas presuntas irregularidades y denunciadas ante la Fiscalía por ser constitutivas de supuestos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y falsificación. Así lo han informado fuentes jurídicas a Europa Press, que han precisado que entre los encausados se encuentra el presidente de la Asociación de Salas de Bingo de Baleares (Asba), Antonio Aloy, así como el letrado y secretario de esta entidad, Bartolomé Sbert, quien se encargaba de realizar las gestiones entre la mayoría de las empresas y la Administración pública para el pago de estos tributos. Las investigaciones apuntan a que estos pagos no se hicieron efectivos al no hallarse justificante alguno de los abonos. Precisamente, el abogado ha sido interrogado este miércoles por el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 12, Francisco José Pérez, encargado de instrucción de este procedimiento, comparecencia en la que se ha desvinculado de estas supuestas irregularidades e incluso se ha mostrado "sorprendido" ante el alcance de los hechos, al asegurar haber llevado a cabo todas las gestiones que tenía encomendadas. En cualquier caso, el letrado ha consignado en el Juzgado más de 3.000 euros que constituyen parte de las tasas que se habrían dejado de abonar al Ejecutivo autonómico. Un presunto fraude con el que se toparon los funcionarios del servicio del juego que, tras cuatro meses indagando numerosos expedientes de entre 2006 y 2009, detectaron el impago de la tasa de canje fiscal a la que deben hacer frente, en distinta cuantía dependiendo del tipo de local, tanto las empresas que disponen de máquinas ordinarias de juego como los salones de bingo. De forma paralela, detectaron que máquinas que estaban autorizadas para salas de bingo estaban siendo utilizadas en bares que no contaban con licencia para ello. Es por ello que la Conselleria, entonces dirigida por Mari Ángeles Leciñena, decidió poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, que tras las investigaciones pertinentes remitió las pesquisas al Juzgado para que prosiguiera con las indagaciones. En concreto, las investigaciones apuntan a que se incurrieron en los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsificación de documento público y cohecho, éste último materializado en la presunta dádiva que uno de los empresarios imputados realizó al funcionario, Juan Bautista -suspendido de sus funciones- al regalarle diversos artículos de Montblanc valorados en más de 200 euros.
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