8 de julio de 2020, 9:58:03
SOCIEDAD

OPERACIÓN PICNIC | ERA LA CANTIDAD QUE HABÍA SOLICITADO LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN


El juez impone una fianza civil de 1,6 millones a UM



El juez Antoni Rotger, ha resuelto imponer una fianza de responsabilidad de 1,6 millones de euros a Unió Mallorquina, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, por la 'operación Picnic', que investiga un presunto desvío de fondos públicos desde el Ayuntamiento de Palma a la captación de nuevos militantes del partido durante la actual legislatura. En declaraciones a Europa Press, el que fuera secretario general de la formación, Joan Monjo, ha señalado que la caución ha sido acordada por el magistrado sin que al partido se le notificase un plazo para poder esgrimir sus argumentos por los que se opone a esta fianza. Únicamente, ha recordado, fue requerido junto al ex presidente Josep Melià en el Juzgado para que en persona se les comunicara que la acusación pública había solicitado esta medida, sin que posteriormente recibiesen notificación alguna. Cabe señalar que la fianza de 1,6 millones resulta de la suma de los 1,2 millones de euros que, de acuerdo a las investigaciones, pudieron malversarse en el marco de los hechos investigados, a los que se suma un tercio de esta cantidad que marca la Ley. Y es que las pesquisas, cuya operación policial se inició la a finales de febrero por orden del Juzgado de Instrucción número 8, apuntan a que UM contrató a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof) a una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, captar afiliados y futuros votantes para el partido. De este modo, las indagaciones, cuyo secreto ha sido prolongado este jueves durante un mes más, se centran en si pudieron cometerse entre otros delitos los de malversación de caudales públicos y prevaricación, ya que estos trabajadores fueron contratados a través de esta empresa pública a fin de que llevaran a cabo su trabajo para el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pese a que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos. Más al contrario, estos agentes, conocidos como IMAS, se dedicaban exclusivamente a la captación de afiliados para UM. Entre los imputados se encuentran la ex concejal de Medio Ambiente y ex número 2 de UM en Palma, Cristina Cerdó, para quien el juez decretó una fianza penal de 300.000 euros; la ex coordinadora de esta área, Paula Cortés, a quien decretó una caución de 100.000 euros que fue rebajada a 65.000, y el ex conseller de Deportes y Juventud, Mateu Cañellas, que quedó en libertad y sin medidas cautelares. Asimismo, el caso centra parte de sus pesquisas en averiguar si la formación nacionalista, a través de la oficina municipal de Medio Ambiente que controlaba este partido, utilizó nombres ficticios o de personas ya fallecidas para engrosar los listados de excursionistas que debían elaborar para justificar una subvención de unos 300.000 euros aportada por el Govern al Consistorio y dirigida a promocionar el medio ambiente. Cabe recordar que tras una larga jornada de declaraciones, el juez Francisco José Pérez acordó dar un plazo de 15 días para que UM presentase alegaciones contra la fianza, si bien la resolución de ésta quedó en manos de Antoni Rotger después de que Pérez se inhibiese finalmente de esta causa. En un comunicado, UM explica que tras tener conocimiento de la imposición de la fianza, se ha dado traslado al servicio jurídico para que pueda cumplimentar este requerimiento y presentar las alegaciones y recursos pertinentes, tal y como consta en el escrito.
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