10 de abril de 2020, 9:12:09
BANYARRIQUER


La política de inmigración, de nuevo en el tapete



Según Diario de Mallorca, el Gobierno autonómico ha dejado a los inmigrantes sin derecho a la sanidad pública, mediante el truco de exigirles que justifiquen su pobreza mediante la presentación de un papel de su país que justifique su estado de necesidad.

Mi opinión es que toda persona que esté residiendo y pagando impuestos en España tiene que tener derecho a todos los servicios públicos que nos hemos dado, aunque haya llegado ayer al país. En esto no podemos discriminar a nadie. Pero otra cosa es lo que suceda con quien no reside en este país. En estos casos, hay muchas aseguradoras que se encargan de asumir los gastos que pueda generar una eventualidad para un viajero de este tipo. Y aquí, como hace todo país normal, hay que cobrar.

Pero, esto es la teoría. En la práctica, en España hay miles y miles de personas que hemos dejado entrar como si fueran turistas y en realidad son residentes ilegales. Como su nombre indica, son ilegales porque en su calidad de turistas se deberían haber marchado. El esperpento es que nosotros aceptamos la existencia de ilegales y creamos un régimen para ellos, pese a que la Ley de Extranjería no contempla para ellos otra salida que la expulsión. Este es nuestro problema: dejamos que exista un caudal de ilegales que son tan importantes que después hacemos disposiciones para ampararlos, como si no los hubiéramos calificado nosotros mismos de ilegales. ¿Qué hacemos con ellos? Pues la situación es que no pagan, no contribuyen, pero nos cuestan un dineral.

¿Queremos ser un país normal? Deberíamos reintroducir la existencia del concepto de frontera, aplicar la Ley de Extranjería y desterrar de nuestro lenguaje el concepto de escolarización o de la sanidad para los turistas, que es lo que son estos visitantes. Nada de esto significa no permitir la entrada legal de estas personas, dándoles los papeles para que contribuyan, para que sean legales. Pero dentro de la ley, con los trámites que queramos fijar.

Pero a mí casi más que este lío lo que realmente me alarma es la confusión que tiene mucha gente sobre este tema. Confusión porque pretendemos ser el único país del mundo en el que 15 millones de trabajadores debamos financiarle la sanidad a millones de inmigrantes ilegales que técnicamente son turistas. Yo comparto la preocupación de todo el mundo por el pésimo estado de la sanidad en muchos países, pero ¿debemos en España asumir en solitario la solución de ese problema, con tanta gente viniendo a usar nuestros hospitales? Y, si lo debiéramos hacer, al menos deberíamos regularlo, ordenarlo y saber qué costes tenemos por este motivo. Al menos, cuantificarlo.

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