18 de agosto de 2019, 20:05:45
EDITORIAL


Miedo ante un fenómeno okupa profesionalizado



Cada vez son más habituales las noticias sobre la okupación de pisos y casas en Mallorca, donde localidades como Palma, Sa Pobla, Marratxí o Llucmajor concentran la mayor parte de un fenómeno que se ha ido agravando. Si hace unos años, los okupas se identificaban mayoritariamente con colectivos antisistema o alternativos, la realidad actual muestra un perfil formado principalmente por clanes que, a modo de bandas organizadas, actúan de forma planificada con la única intención de usurpar una propiedad por la que no piensan pagar.

Son okupas profesionales que se instalan internet o televisión de pago y que solicitan su empadronamiento en los municipios donde se halla la vivienda usurpada, como recogía este lunes mallorcadiario.com en un reportaje sobre el tema. Suelen elegir inmuebles vacíos que pertenecen a bancos o viviendas cuyo propietario acaba de fallecer, pero también son habituales las okupaciones de propiedades recién compradas, en fase de mudanza o con sus dueños simplemente de vacaciones. Este tipo de okupas saben que es muy difícil que se les pueda expulsar de la propiedad y han llegado a idear formas para que cualquier actuación legal tenga muy pocas opciones de prosperar. El último ardid es solicitar la atención de los servicios sociales del municipio afectado, cuyo ayuntamiento automáticamente los sitúa en el censo de intocables "por razones de necesidad".

Las okupaciones de viviendas suelen tardar en resolverse por vía judicial en torno a los tres años, periodo tras el que la vivienda suele quedar tan dañada como el ánimo de sus propietarios. Ante esta situación, las alternativas extrajudiciales han crecido notablemente: empresas privadas que garantizan la salida de los okupas de forma casi inmediata reciben 60 llamadas diarias de otros tantos propietarios afectados por este asunto.

Cabe tomar conciencia de un problema que cada día es más acuciante, por su número, pero también por las formas empleadas. Los ayuntamientos son los primeros garantes de la convivencia y el respeto por los bienes de sus vecinos. Por ello, no pueden convertirse en colaboradores necesarios de este tipo de actuaciones perversas, por mucho que argumenten la ausencia de legislación y las supuestas necesidades sociales de grupos que, a vista de todos, simplemente son usurpadores de algo que quieren a coste cero, con total desprecio de las leyes y ajenos al sufrimiento que suelen provocar.

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