2 de junio de 2020, 5:16:32
EDITORIAL


Presionar para conseguir el mejor REB cuanto antes



Las expectativas de que mejore la financiación de la comunidad balear y, en especial, que se firme un nuevo régimen fiscal que compense la insularidad y la histórica falta de recursos destinados a las Islas no parecen mejorar tras el encuentro de este lunes entre la presidenta balear, Francina Armengol, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La reunión de este lunes, como era de prever, discurrió en el mejor de los ambientes, aunque no se concretaron ni fecha ni cantidad del nuevo régimen para Balears y todo quedó sujeto a la mejor de las intenciones. Sanchez señaló que ambos ejecutivos trabajarán para aprobar el REB "lo antes posible", mientras que Armengol señaló resignada que el proceso "tiene la tramitación que tiene" y se manifestó esperanzada que pueda estar listo para enero de 2019 en el mejor de los casos.

Según los datos del Govern, extraídos de las liquidaciones del Ministerio de Hacienda, Balears es la segunda comunidad que más aporta a las arcas del Estado y la décima en recibir recursos y financiación. A corto plazo, con un gobierno central respaldado por sólo 84 diputados, las esperanzas de un cambio del modelo de financiación en esta legislatura son más bien pocas. Y lo mismo ocurre con la firma del REB, el régimen especial para Balears, que debe compensar los costes de la insularidad.

Con el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estaba prácticamente cerrado un acuerdo que se calcula en torno a los 380 millones de euros anuales. El Govern no concreta esta cifra, máxime cuando las negociaciones de un nuevo REB prácticamente deben iniciarse nuevamente desde cero con la nueva titular de Hacienda, María Jesús Montero. Como consecuencia, el nuevo REB, que debía haberse firmado antes del verano, se aleja en el tiempo y existen serias dudas de que pueda aplicarse en 2019 y de que mantenga la cifra de 380 millones anuales.

Los partidos políticos, incluidos los socios de Armengol, están vigilantes ante esta situación de paralización que se ha producido tras el cambio de gobierno en la administración central. Mientras tanto, ciudadanos y empresas de las Islas ven cómo el agravio con otros territorios se afianza, teniendo que soportar los costes que supone la insularidad y aportando mucho más de lo que se recibe.

En este asunto, sería oportuno que todos los partidos políticos de Balears, con la presidenta Armengol a la cabeza, asuman una postura común que permita mantener la presión política ante Madrid. El objetivo debe ser que se pueda exigir una rápida resolución del problema y el mantenimiento de las cifras inicialmente negociadas.

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