19 de septiembre de 2019, 1:11:11
EDITORIAL


El Consell cede a la presión ecologista frente al interés común



La modificación del proyecto de autovía entre Campos y Llucmajor pone de manifiesto la tensión vivida en el seno del Consell de Mallorca tras la intensa campaña de los antiautopistas contra la vía tal y como fue aprobada por la institución insular. La decision supone un giro radical del equipo de gobierno, que, a pocos meses de las elecciones, pretende congraciarse con los ecologistas que han venido criticando duramente el proyecto. Así, el gobierno insular ha reconsiderado la obra y ha anunciado que la nueva vía reducirá diez metros su anchura, con un menor consumo de territorio.

Falta por ver si la modificación resultará suficiente para aplacar las críticas y, sobre todo, si el nuevo proyecto da respuesta a los miles de conductores que transitan la zona diariamente. Este desdoblamiento ha sido uno de los proyectos viarios más demandados durante los últimos años, especialmente por la concentración de accidentes graves que llevaron a bautizar la actual vía como la "carretera de la muerte". Por ello, la obra fue incluida en los acuerdos de gobernabilidad suscritos entre PSIB, Més y Podem, lo que no implicó el fin de las protestas de los ecologistas ni de buena parte de los propios socios, especialmente Podem y la rama verde de Més.

El pavor a perder apoyos en los próximos comicios parece haber tenido un efecto catalizador en el cambio de postura de quienes gobiernan el Consell. El propio debate interno en la coalición Més per Mallorca, con el sector de Iniciativa relegado a un papel secundario, habría sido determinante a la hora de dar marcha atrás y no ahondar más en una crisis interna que puede pasar factura en las urnas.

La oposición en el Consell no ha escatimado en calificativos como "vergüenza", "bajada de pantalones" y "engaño a los ciudadanos". El portavoz popular, Mauricio Rovira, considera además que la obra se encarecerá al juntar los carriles principales con los de servicio, lo que obligará a introducir medidas de seguridad que harán el proyecto más impactante que el previsto anteriormente.

El asunto, de todas formas, podría estar lejos de quedar zanjado si los ecologistas mantienen su presión después de haber visto la disponibilidad del Consell a cambiar su criterio. La institución insular gobierna para todos los mallorquines por lo que debería priorizar los objetivos generales por encima de intereses electorales. No conviene dar muestras de improvisación cuando se trata de proyectos que afectan a miles de ciudadanos, que acumulan años de retraso y que son determinantes para la seguridad.

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