6 de diciembre de 2019, 23:48:14
EDITORIAL


La vivienda, al borde del "conflicto social"



Constructores, promotores, responsables de empresas auxiliares, instaladores, fabricantes de muebles, ingenieros, suministradores de aguas, de áridos o de piedra, empresas de climatización, pintores... Prácticamente todos los sectores implicados en la construcción de viviendas e infraestructuras en Baleares han lanzado una llamada de alerta sobre la situación urbanística y el problema de la vivienda en la comunidad, que consideran "próximo al conflicto social". Todos ellos han consensuado un propuesta sobre los pasos a dar en materia de urbanismo, vivienda e infraestructuras encaminados a elaborar un Libro Blanco que sirva de guía para las próximas dos décadas.

De entrada, el sector -que representa a más de 16.500 empresas y más del 10 por ciento de los trabajadores de las Islas- se queja de la "gran inseguridad jurídica" que supone el entorno legislativo, que cambia con cada nuevo gobierno, a la vez que la normativa urbanística permanece obsoleta sin adaptarse a la realidad demográfica o social. Se añaden la escasez de suelo, su alto precio y la compleja gestión que hacen las administraciones públicas, incapaces de adoptar iniciativas para afrontar el continuo aumento de la población. Para los próximos doce años se espera un incremento de 213.000 habitantes; una cifra que, de no hacerse nada, agravará el déficit ya acumulado de viviendas, que actualmente se calcula en más de 16.000 unidades.

La situación es delicada. En puertas de unas elecciones municipales y autonómicas, todos los partidos sitúan la vivienda como uno de los ejes principales de sus programas electorales. Estos días de campaña, asistimos a una especie de subasta donde todos anuncian la construcción de miles de viviendas a lo largo de la legislatura. Sin embargo, la realidad -de no producirse un radical cambio de escenario- apunta hacia todo lo contrario. Las políticas de los últimos años, así como los cambios legislativos más recientes a nivel nacional, no han contribuido a solucionar el problema, mientras que los planes de vivienda se han mostrado altamente ineficaces.

El sector aboga por un amplio consenso político sobre este asunto. Piden la revisión de conceptos urbanísticos cuya configuración tienen más de 20 años, como por ejemplo el cambio de uso de inmuebles o el análisis de las alturas en centros urbanos. A la vez, reclaman reducir trabas administrativas o aprovechar mejor los recursos digitales.

Habrá que esperar al documento final, pero las líneas apuntadas por quienes durante años han asumido la tarea final de la promoción y la construcción de viviendas deberían ser tenida en cuenta.

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