18 de julio de 2019, 11:34:17
SOCIEDAD


120.000 baleares viven en casas que no reúnen las condiciones adecuadas

Por Redacción

Más de 4,6 millones de personas en España, 120.000 en Baleares, viven en casas que no reúnen las condiciones adecuadas, ya sea por estar en estado ruinoso o por falta de suministros que garanticen la salubridad, pero además no se pueden permitir cambiar de vivienda.


La vivienda se ha convertido, de hecho, en el principal desencadenante de caer en exclusión social en nuestro país, y ha reemplazado así al desempleo, que ha sido la primera causa durante los años de crisis económica. Es la conclusión a la que ha llegado Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) en su VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España presentado recientemente, según el cual 8,5 millones de personas, el 18,4% de la población, se encuentran en exclusión, lo que supone 1,2 millones más que en 2007. En su publicación "Vulneración de derechos: Vivienda", la fundación vinculada a Cáritas se centra en la exclusión residencial, aquella situación que genera el no poder acceder a una vivienda digna que reúna las condiciones necesarias para un desarrollo adecuado. Una situación que afecta al 24 por ciento de la población, al 60 por ciento de las que ya viven situaciones de exclusión y al 69 por ciento de las personas para las que esa exclusión es severa. Asimismo, se ceba especialmente con los hogares con algún miembro extracomunitario (51%), con aquellos en los que vive alguna persona desempleada (36%) o algún menor de edad (29%). Por comunidades autónomas, los porcentajes más altos los presentan Galicia (35%); Canarias (32%) y Murcia (30%), y los más bajos La Rioja (13%); Andalucía (17%) y la Comunidad Valenciana (18%). El informe no recoge datos de sinhogarismo, pero sí de vivienda insegura -con la incertidumbre y el temor a quedarse sin ella- y vivienda inadecuada -estructuras temporales, asentamientos, chabolas, cuevas, casas sin acceso adecuado a suministros públicos como agua, electricidad o gas, hacinamiento, etc.) Y la conclusión es que cuatro de cada diez hogares españoles -casi 800.000- y 2,1 millones de personas conviven con la inquietud de quedarse sin un techo bajo el cual vivir en el corto o medio plazo. El desasosiego es mayor entre los baleares (8%), murcianos (7%), gallegos y canarios (6%). ¿Qué podría echar a estas personas de sus casas? Según comentaron los responsables del VIII informe Foessa durante su presentación, Raúl Flores y Guillermo Fernández, los elevados gastos de mantenimiento o perder los derechos que tenían sobre ella (amenaza de expulsión, desahucios...). Pero también, según el documento, no disponer de seguridad jurídica sobre el uso de la vivienda en un plazo establecido (contrato de alquiler o título legal, situaciones de cesión de uso, etc.) o estar en una situación de violencia intrafamiliar que obligue a irse de casa. Otros 4,6 millones de personas tienen que habitar en casas que no reúnen todas las condiciones: son alrededor de 1,3 millones de hogares, 7 de cada 100 hogares. Afecta sobre todo a los de Canarias (12%), Cataluña (11%), Murcia y Madrid (9%). Pueden ser inadecuadas por presentar deficiencias graves en la construcción, encontrarse en un estado ruinoso... También por no disponer de los suministros y dotaciones adecuadas para permitir la higiene y la salubridad (agua corriente o caliente, energía eléctrica, evacuación aguas sucias, etc) o por no estar en condiciones de confortabilidad y privacidad. El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el porcentaje de población afectada por la exclusión residencial; y en miles y en
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