29 de febrero de 2020, 11:53:10
EDITORIAL


Abuso sexual de menores tutelados; responsabilidades y silencios



El abuso sexual sufrido por menores tutelados en Baleares ha culminado esta semana con la comparecencia de los responsables políticos del Govern y el Consell de Mallorca sobre estos asuntos. En las comparecencias en el Parlament y en el pleno insular ha quedado claro que no va a haber ceses ni dimisiones. De hecho, la sensación es que se intenta zanjar el tema lo más rápido posible estableciendo todo tipo de cortafuegos para que de ninguna manera pueda convertirse en un problema político que alcance a las máximas autoridades.

El problema se puso de manifiesto al conocerse la violación grupal sufrida por una niña de 13 años la pasada Nochebuena, lo que destapó otros episodios de agresión y, al menos,16 casos de menores tutelados que habrían sido víctimas de explotación sexual, según los propios datos del IMAS.

Las explicaciones políticas han quedado limitadas a la consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, y el director del IMAS, Javier de Juan. Sintéticamente, las argumentaciones de ambos pueden resumirse de igual manera: por una parte, estos casos de explotación sexual resultan prácticamente inevitables; por otra, se trata de hechos que vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo -con esta y otras administraciones anteriores- y, por último, Fiscalía y fuerzas de seguridad deberían disponer de más medios para tratar el asunto.

La falta de autocrítica es directamente proporcional a las prisas por dar carpetazo al escándalo; con unos responsables políticos empeñados en derivar responsabilidades a otros estamentos -y a otros tiempos- a la vez que se encomiendan a la suerte de que no se produzcan episodios de mayor gravedad. Resulta sorprendente esta actuación, de igual manera que sorprenden los silencios de otros partidos y colectivos que, de ser otros los responsables políticos implicados, habrían reaccionado al minuto exigiendo la inmediata depuración de cargos. Ni Podemos -con algunos cargos muy activos en este tipo de asuntos- ni los grupos feministas se han mostrado beligerantes con la vertiente política del tema, sumándose -en cambio- al espíritu monolítico que protege al Govern y al Consell y que, en todo caso, pone el acento en la necesidad de una mayor acción por parte de la Justicia y la Policía.

Evidentemente, no sobra la acción de la Justicia -Fiscalía ya investiga el tema- ni una mayor dedicación policial, pero los ciudadanos esperan de sus responsables políticos respuestas ante hechos tan graves; hechos que afectan a colectivos en situación de una gran vulnerabilidad, y que en algunos casos se trata de menores tutelados por las propias Administraciones. Las respuestas políticas, en estos casos, no pueden reducirse a excusas, cortinas de humo o silencios.

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