7 de julio de 2020, 20:56:25
TRIBUNALES

Este viernes declara Neus Truyol


Los técnicos investigados por el 'caso Emaya' defienden su gestión

Por Redacción

Tres técnicos de Emaya, investigados por un presunto delito medioambiental por los vertidos de aguas fecales a la Bahía de Palma, han defendido este jueves ante la juez Victoria Peluzo su gestión y han recalcado que ellos no tienen capacidad de decidir a qué se destinan los fondos del canon de saneamiento.


Las declaraciones han comenzado hacia las 10.45 horas y han terminado poco antes de las 14.00 horas. También están investigadas la antigua regidora de Medio Ambiente de Palma, Neus Truyol (Més), que actualmente es responsable de Urbanismo, y la exgerente de Emaya, Imma Mayol. Ambas serán interrogadas este viernes. La investigación se conoció el pasado verano y en septiembre se levantó el secreto de sumario.

También están siendo investigadas la antigua regidora de Medio Ambiente de Palma, Neus Truyol (MÉS), que actualmente es responsable de Urbanismo; y la exgerente de Emaya, Imma Mayol. Ambas serán interrogadas este viernes.

A lo largo de la mañana, en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, los técnicos han señalado que la depuradora ha superado su vida útil y está obsoleta, y han incidido en que se trata de un problema histórico vinculado a una situación de infrafinanciación. En este sentido, los ingenieros han insistido en que su capacidad de decisión en el aspecto económico es limitada.

Con todo, también han remarcado que el Ayuntamiento cumple la normativa y que los vertidos puntuales de aguas mixtas -pluviales y residuales- están previstos como excepción en la ley bajo determinadas condiciones. Asimismo, han sostenido que desde Emaya se ha trabajado para paliar este problema.

La investigación se conoció el pasado verano y en septiembre se levantó el secreto de sumario. Se investiga si se gestionaron correctamente los recursos municipales para intentar resolver los vertidos de aguas residuales en la bahía de Palma, un problema frecuente cuando se producen episodios de lluvia.

El actual gerente de Emaya, Ramon Perpinyà, convocó al Consejo de Administración de la empresa pública en agosto para informar sobre la investigación, después de la aparición de noticias en prensa. Con todo, la oposición criticó que no dio más información de la que ya se había publicado en los medios, y que la convocatoria se produjera a raíz de hacerse público el caso, pese a que la causa llevaba tiempo en marcha.

Una de las dificultades para los investigadores es demostrar si se ha provocado daño a las praderas de posidonia. En este sentido, se han aportado diferentes informes a la causa -de la Conselleria de Medio Ambiente y el Instituto Oceanográfico, entre otros- que señalan que las praderas estarían en buenas condiciones, y está pendiente de incorporarse otro documento que está elaborando una unidad técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente, a petición del Seprona.

NEUS TRUYOL, CITADA ESTE VIERNES

Neus Truyol está citada a declarar este viernes, y es previsible que mantenga una línea similar a la manifestada públicamente desde el Ayuntamiento. En septiembre, en una rueda de prensa, la ecosoberanista defendió el trabajo de su departamento en la legislatura anterior y negó mala praxis ante los vertidos en las aguas de la Playa de Palma.

Ante los medios, la regidora rechazó un mal uso del dinero del canon de saneamiento y negó que se utilizara para la compra de contenedores. Truyol expresó tranquilidad ante la investigación porque espera que se constate el trabajo realizado en su etapa.

Desde MÉS per Palma, formación política a la que pertenece Truyol, apoyaron a la regidora y destacaron que cada vez que había vertidos se cerraban las playas por seguridad. En esta línea, acusaron al PP de no haber prohibido el baño cuando se producían vertidos en la legislatura anterior.

El exalcalde y actual coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera, también apuntó que la competencia de instaurar una nueva depuradora corresponde al Estado y que su equipo siempre ha mantenido la "lucha" con la Administración central para que esto sea posible.

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