27 de septiembre de 2020, 1:57:01
ECONOMÍA


Un 84,7 por ciento de empleados públicos de Baleares teletrabaja

Por Redacción

Los trabajadores públicos de Baleares están afrontando la crisis del coronavirus adaptando sus labores al teletrabajo. Cerca de un 85 por ciento trabaja desde casa.


La Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización del Govern ha informado que el 84,7 por ciento del personal de la Administración, excluido el sanitario, hace teletrabajo debido al estado de alarma decretado por el Ejecutivo estatal por la crisis del coronavirus

El Consell de Govern acordó el pasado 16 de marzo establecer medidas organizativas en la función pública para proteger los trabajadores y, del mismo modo, garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales y el cumplimiento con las obligaciones de confinamiento, ha explicado la conselleria este miércoles en una nota.

En concreto, 17.326 trabajadores públicos de consellerias y entes públicos adscritos hacen teletrabajo desde sus hogares.

Por otro lado, 3.218 funcionarios (15,3 por ciento) desarrollan sus tareas de manera presencial en sus lugares de trabajo durante el estado de alarma para garantizar los servicios públicos y esenciales, si bien la conselleria ha recalcado que se han adoptado medidas para que las lleven a cabo en condiciones adecuadas de seguridad con el objetivo de evitar riesgo de contagio.

Entre otros medidas, se garantiza que entre los trabajadores haya como mínimo un metro de distancia entre sí, misma distancia que se debe respetar para los trabajadores que presten sus servicios de cara al público.

La conselleria ha colgado cartelería con información básica de higiene personal en las consellerias y los trabajadores públicos disponen de guantes de plástico.

Además, las reuniones se realizan por videoconferencia y se ha limitado el número de personas en espacios comunes y públicos de las consellerias.

Ante esta situación excepcional, han quedado interrumpidos todos los plazos para la tramitación de los procedimientos del sector público, lo cual permite las restricciones en los registros de todas las dependencias administrativas y en los servicios de atención al público, ha señalado el Govern.

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