14 de julio de 2020, 8:48:57
EDITORIAL


Los ERTEs, en su punto más crítico



La prórroga de los ERTEs vinculados a la crisis del coronavirus ha quedado en el aire tras finalizar sin acuerdo la reunión entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal. La situación -que supuso la retirada del tema en el orden del día del Consejo de Ministros de este martes- genera una gran incertidumbre en las miles de empresas y trabajadores acogidos a este sistema de protección que, de no haber prórroga, tiene fecha de caducidad el próximo martes 30 de junio.

El Gobierno ha ofrecido prolongar el sistema hasta el 30 de septiembre, con progresivas reducciones en las bonificaciones de las cotizaciones sociales. Pero los agentes sociales -patronal y sindicatos- no aceptan ni la reducción propuesta ni la limitación a septiembre, mostrando su preferencia por que se prorroguen hasta el 31 de diciembre.

El tiempo se acaba y las diferentes partes se han vuelto a dar una oportunidad este miércoles por la tarde, después de las cuatro horas infructuosas del lunes. El Gobierno quiere poner fecha a la retirada de las ayudas sin perjudicar a un número considerable de trabajadores, pero a la vez, evitando alargar el sistema más de lo necesario. Así, el departamento de Yolanda Díaz ha propuesto una reducción de las bonificaciones, que actualmente están entre el 75 y el 100 por cien, y que se irían rebajando paulatinamente hasta el 40 por ciento en septiembre (en las empresas de menos de 50 trabajadores) o el 5 por ciento (si tienen más de 50 empleados). A la vez, se seguiría manteniendo la prohibición de despedir por causas objetivas y se impedirían las horas extraordinarias y nuevas contrataciones si la empresa tiene algún trabajador en ERTE.

En la difícil coyuntura económica que nos deja la crisis del coronavirus, es responsabilidad de todas las partes hacer todos los esfuerzos posibles para alcanzar un acuerdo que evite el cierre masivo de empresas y la destrucción de empleos. Corresponde al Gobierno, sin embargo, llevar la iniciativa y plantear opciones sobre las que alcanzar un acuerdo.

El sistema -pese a la pésima gestión del SEPE en muchos casos- se ha demostrado como una fórmula útil para parar el golpe, especialmente en economías como la balear. De hecho, el jueves pasado, el propio Parlament aprobó por unanimidad instar al ejecutivo central a extender los ERTEs hasta el 31 de diciembre. Parece una petición lógica mientras existan condiciones externas que impidan a las empresas desarrollar su actividad con normalidad sin abocarlas al concurso o directamente al cierre. El Ministerio debe hacer un esfuerzo que, aunque inicialmente sea hasta finales de septiembre, permita a medio plazo dejar una puerta abierta a prolongar el sistema hasta final de año. Demasiadas empresas están en juego.

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