23 de octubre de 2020, 7:55:02
OPINIÓN


Pasar la ITV en Valldemossa

Por Pep Ignasi Aguiló


Pasar la ITV en cualquier pequeño municipio habría sido posible si se hubiese liberalizado el proceso de inspección de vehículos. Ciertamente, si los pequeños talleres de pueblo hubiesen podido disfrutar de la demanda suficiente, estable y segura que supone la ITV quizás no habrían desaparecido. Y lo mismo pasaría en los barrios de las poblaciones de mayor tamaño. Una comodidad que nos hubiese podido ahorrar al menos un día de incómodas gestiones.

Tampoco habría demoras, ni colas, ni listas de espera, puesto que la oferta se iría ajustando a la demanda automáticamente. No habría que esperar a que venza una concesión, ni a debatir en un pleno de un consell, ni a que se elaboren nuevos pliegos, ni a que se realice los correspondientes concursos, ni a que finalmente se adjudique y, por fin, se ponga en funcionamiento.

Los precios serían menores, al evitar la situación de monopolio, con su correspondiente poder para fijar precios, con el único requisito de convencer al político de turno. Cómo habría competencia, y libertad de elección, podríamos disfrutar de precios muy cercanos a los costes. Además de ahorrarnos el canon que cobran los consells a los concesionarios.

Se reducirían los desplazamientos a las grandes concentraciones urbanas, evitando, poco o mucho, la saturación de las infraestructuras. Se hubiesen creado puestos de trabajo más dispersos, ligados a una determinada localidad, lo que supone un mejor reparto territorial de la población. Y se habría potenciado y difundido el now-how del sector.

Otro hecho de no menor importancia es que se hubiesen evitado tentaciones de prácticas corruptas. Quitándole el poder de decisión a políticos y funcionarios se evita la ocasión de que éstos actúen de una forma indebida. Ni tan siquiera hubiesen experimentado ningún tipo de presión para una mala actuación. Así, alguno de los episodios de los que todos nos acordamos nunca se hubiesen producido, contribuyendo a una mejor imagen de la gobernanza de nuestras instituciones.

Los estándares de seguridad podrían ser iguales o superiores, puesto que esos pequeños negocios tendrían que pasar una homologación del material y los procedimientos que emplean. Lo que supondría una mayor facilidad para adaptar mejoras de todo tipo. Además, los mecánicos podrían conocer personalmente a sus clientes, y en muchas ocasiones también tendrían una clara idea del historial de sus automóviles, pudiendo aconsejar actuaciones de mejora.

De hecho, la inspección de los buques está liberalizada, al igual que la de los edificios, o la de las instalaciones eléctricas o de gas, o incluso, las revisiones médicas de los conductores, sin que por ello nadie ponga en duda su solvencia. Pues, aunque los precios sean más bajos que en situación de monopolio administrativo, la calidad del servicio ofrecido es del nivel que se requiere.

Pero nada de lo dicho ocurrirá, pues una vez se aceptan los “intereses creados” y se desata el poder burocrático es casi imposible revertir la situación. Una lástima.
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