La elaboración y aprobación de la Ley de Símbolos por parte del PP puede traer consecuencias importantes que, de producirse, acabarán marcando el resto de la legislatura e incluso la campaña electoral. En el PSIB hay un serio debate que podría traducirse muy pronto en una ofensiva política para forzar la retirada de los crucifijos de los centros concertados que reciben importantes dotaciones de dinero público. Los socialistas que apoyan esta medida se basan en la aconfesionalidad del Estado. Consideran que no se puede hacer apología de creencias religiosas concretas, situándolas por encima de las otras u orillando el libre pensamiento y el agnosticismo. En todo caso, se trata de un terreno muy resbaladizo y peligroso, ya que toca sentimientos muy íntimos de personas, familias y organizaciones. Pero de la misma manera, también tendría que haber existido por parte del PP mucha más sensibilidad hacia los símbolos que representan la lengua, la cultura, la idiosincrasia y la personalidad propia de las Baleares. En conjunto, se está armando una guerra estéril. Es comprensible que Bauzá quiera dar muestras de autoridad. Demostrar que está donde está para gobernar y no para pasar desapercibido. Pero la verdadera autoridad, la que determina que los líderes dejen su sello sobre su propio pueblo, es la que emana de la concordia y de la capacidad de enhebrar objetivos comunes por encima de partidismos ideologizados en exceso. Y este razonamiento vale para uno y para otro lado del espectro político. Cuando se tocan los símbolos, la política se acaba convirtiendo en una historia interminable de choques y desencuentros. Y al final los perjudicados son todos. No se puede tensar la cuerda ni con crucifijos ni con lazos cuatribarrados. La democracia o es tolerancia y humanismo o pierde mucha fuerza como motor de la sociedad.
