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El(los) ritmo(s) de la justicia

martes 24 de julio de 2018, 02:00h

El tribunal supremo ha decidido que agosto, que es mes de vacaciones de la administración de justicia española y en el que habitualmente no se celebran vistas y solo quedan activos los juzgados de guardia para los casos urgentes sobrevenidos, sea hábil a efectos del sumario de los políticos independentistas catalanes.

Así pues, cuando todas las causas en marcha quedarán suspendidas hasta septiembre, el supremo seguirá avanzando en el procesamiento de los líderes catalanistas, una auténtica causa general contra el independentismo, aunque no se reconozca de manera explícita.

Contrasta sobremanera la rapidez inusitada de la instrucción de este caso con la habitual parsimonia de la justicia española y a la celeridad casi supersónica, del magistrado instructor, se añade ahora la habilitación del mes de agosto para acelerar aun más el proceso. Parece claro que hay mucha prisa para condenar a los procesados, acusados de delirantes delitos de rebelión y sedición y mantenidos en injusta prisión provisional, a fin de, se supone, hacer un escarmiento ejemplarizante que sirva de aviso a navegantes.

La justicia española es habitualmente lenta, muy lenta, exasperadamente lenta, tan lenta que muchas veces no es justicia, porque las sentencias, cuando llegan y se ejecutan, ya han perdido todo sentido o es tan tarde, que muchos autores, tanto culpables como perjudicados, han muerto, o han rehecho sus vidas, o el mal ya es absolutamente irreparable y difícilmente indemnizable. Es bien sabida la maldición de la gitana: “tengas pleitos y los ganes”, o la máxima que permea toda la actividad jurídica en España que dice: “más vale un mal acuerdo que un buen pleito”.

Esta desquiciante lentitud beneficia, claro está, a los delincuentes, sobre todo a los de cuello blanco, y a los aprovechados y lesiona gravemente, a menudo sin remedio, los derechos de los perjudicados. Beneficia también a los poderosos, sean personas físicas o corporaciones y a las administraciones públicas y perjudica a los ciudadanos de a pie, especialmente a los más humildes.

Muchas personas tienen empantanados procesos judiciales de los que depende su futuro, procesos por temas laborales, familiares, divorcios, custodias de menores, pensiones, estafas, ocupaciones de propiedades, herencias, indemnizaciones, reclamaciones, etc., procesos que se dilatan en el tiempo llevando a los perjudicados a situaciones límite, pero para ellos agosto no será hábil, no habrá vistas, ni prácticamente ninguna actividad significativa para sus causas.

No tengo ninguna duda de que la dotación de personal y medios de la administración de justicia española son absolutamente insuficientes y de que la mayoría de jueces y funcionarios de los juzgados hacen su trabajo con la máxima diligencia, pero el resultado de la lentitud de las causas es devastador para los ciudadanos y provoca un sentimiento de impotencia, frustración e injusticia, que se convierte en una profunda desconfianza, con toda seguridad injusta, contra todo el sistema judicial.

Y esa desconfianza se refuerza aun más cuando se observa que en determinados casos, cuando conviene a quien sea, esta lentitud deviene rapidez casi de bólido asteroidal y tiene sobre la moral de los ciudadanos un efecto similar al del choque de un meteorito sobre el planeta, deja un cráter inmenso.

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