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El empresario detenido por corrupción policial paga la fianza y sale en libertad

sábado 28 de febrero de 2015, 10:47h
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La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, ha decretado prisión eludible bajo fianza de 125.000 euros para el empresario detenido en el marco de la causa centrada en la presunta trama de corrupción urdida dentro de la Policía Local en forma de extorsiones a empresarios y realización de favores.

Así lo ha decidido la jueza tras interrogar durante toda la tarde al imputado, Miquel P., quien este viernes ha pasado a disposición judicial tras ser detenido el pasado miércoles. La magistrada ha acordado la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

Hasta el momento habían sido únicamente arrestados tanto agentes como mandos policiales que habrían intervenido en las supuestas prácticas ilícitas investigadas.

Tanto el arrestado como su hermano, que no fue detenido, son propietarios en S'Arenal de varios negocios relacionados con la hostelería y los locales de alterne, que se encuentran bajo lupa judicial en el marco de esta causa, cuyo sumario se encuentra bajo secreto.

Más en concreto, Miquel P. fue arrestado por la comisión de prácticas presuntamente ilegales relacionadas con asuntos de extranjería. Asimismo, fueron registrados las viviendas y los negocios de ambos hermanos.

Precisamente, una decena de policiales fueron detenidos el mes pasado en el marco de esta misma causa por su presunta vinculación con una trama de favores a beneficio de diversos locales de alterne de S'Arenal.

Todos ellos fueron interrogados durante más de veinte horas por Carmen González, quien decretó prisión provisional bajo fianza de entre 20.000 y 30.000 euros para varios de ellos y prohibió a la mayoría acercarse a determinadas zonas como la Playa de Palma y el Paseo Marítimo, donde habrían desplegado sus prácticas ilícitas, y les priva de la tenencia y uso de armas.

En concreto, el caso se inició a raíz de la presunta manipulación en las oposiciones a oficial llevadas a cabo en 2012 en el cuerpo policial y que llevó al Instituto Armado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, a registrar en septiembre de 2013 las dependencias de la Policía Local.
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