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No todo vale contra los controladores

miércoles 15 de diciembre de 2010, 10:07h
Pocos se han expresado en términos más duros con los controladores que un servidor. Pero, aunque son los culpables del conflicto que los enfrenta al Gobierno y, en definitiva, a los españoles, no todo vale contra ellos. Los controladores deben ser responsables de sus actos y deben pagar lo que han hecho incorrectamente pero, la Ley sigue estando en vigor y, que se sepa, también les ampara. Está bien que se haya empleado la mano dura, pero todo tiene un límite. Un ejemplo de este exceso puede ser la ampliación del estado de alarma, algo insólito que no debería extenderse mucho más allá del inicio del año que viene. Pero, hay más: esta semana, el ministro Blanco dijo que uno de los controladores que en estos días está acudiendo a todas las cadenas de televisión (y todos los periodistas entendieron perfectamente a quién se refería) ganó en los años 2007 y 2008 unos 900.000 euros. España se ha dotado de un montón de leyes para proteger los derechos de los ciudadanos a su intimidad. Una de ellas, la de Protección de Datos, que prevé cuantiosas sanciones para quien la viole, establece que los datos particulares de las personas no pueden ser utilizados públicamente y es específicamente exigente con los datos que las empresas tienen de sus trabajadores. Obviamente, la retribución de un controlador concreto es un dato que conoce el trabajador y su empresa y, parece evidente que lo que el ministro sabe proviene de Aena, el empleador del trabajador afectado. ¿Significa esto que no podemos saber los salarios de los controladores? No. Significa que no podemos saber el salario concreto y específico de un trabajador con nombres y apellidos, pero sí podemos saber la retribución media del colectivo, el sueldo más alto y el más bajo de entre los controladores o sus condiciones. Pero no podemos conocer ni se puede desvelar que este o aquel controlador gana una determinada cantidad. El ministro, que tiene el enorme e indiscutible mérito de haber afrontado el abuso de los controladores, se ha pasado claramente al desvelar estas cifras de una forma bastante clara. Y se ha pasado poniendo en duda que la Ley ampare también a los controladores. En un estado de Derecho, las leyes están en vigor para todos, todo el tiempo, y los controladores, culpables de los abusos en su puesto de trabajo, siguen disfrutando de la protección legal que todos tenemos garantizada. Este conflicto tiene, ahora, muy mala solución. El Gobierno debe volver a dialogar y, entonces, se encontrará con un colectivo enfurecido. El remedio no puede pasar por ceder, pero tampoco por ignorar las leyes. El Gobierno puede terminar encallado en este enfrentamiento, para el cual nunca ha dado la impresión de tener clara la salida.
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