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El 6% de las consultas realizadas al Observatorio de Derechos Humanos y Sida procede de Baleares

martes 22 de marzo de 2011, 11:43h
El 6% del total de consultas jurídicas relacionadas con la enfermedad del sida realizadas en 2010 al Observatorio de Derechos Humanos y VIH/Sida de España procede de Baleares, según datos del informe de consultas de la Asesoría Jurídica de este organismo. Así, este organismo recibió 168 consultas de diferentes zonas de España, de las que 10 se hicieron desde Baleares. El informe indica que la cifra total (168) supone un incremento del 18% en relación al año pasado. El Observatorio, financiado por el Plan Nacional del Sida del Ministerio de Sanidad, ha especificado en una nota que el principal ámbito de consulta fue el del empleo (26%), seguido de la atención sanitaria (23%), y en menor medida la administración, el acceso a seguros, el bienestar y la vida familiar. Las consultas, por su parte, han estado relacionadas con cambios en las condiciones de trabajo, la vulneración de la confidencialidad de los datos médicos, la solicitud de la prueba del VIH sin tener relevancia para el lugar de trabajo y complicaciones al reincorporarse después de una baja, entre otros aspectos. La media de edad de las personas que recurrieron a los servicios jurídicos del Observatorio fue de 39 años, y un 64 por ciento fueron hombres; mientras que un 10 por ciento del total de las consultas procedía de personas residentes en España de origen extranjero, con un claro predominio de países latinoamericanos (Colombia, Perú, Uruguay, México, Argentina, Chile, Venezuela) y europeos (Irlanda, Portugal, Alemania, Holanda). Por comunidades autónomas, durante 2010 se han recibido consultas de personas de todas las comunidades autónomas, excepto Cantabria, Extremadura y la ciudad autónoma de Melilla, destacando las procedentes de las zonas más pobladas. Así, la que mayor número de consultas ha efectuado ha sido Cataluña (21%), seguida de Madrid (18%), Andalucía (15%), Canarias (8%), Valencia (7%) y Castilla León y Baleares (6%). El coordinador del Observatorio, Joan Bertran de Bes, ha considerado que el informe confirma que las personas con VIH y sida todavía experimentan discriminación en España, si bien reconoce que en los últimos 30 años se ha mejorado la atención sanitaria y la calidad de vida de los enfermos. DERECHOS VULNERADOS “Los derechos básicos de las personas con VIH se ven vulnerados en espacios como el trabajo, la sanidad, la Administración, el acceso a servicios o las relaciones personales. Por ello resultará fundamental aplicar las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en materia de empleo, eliminar las exclusiones en oposiciones públicas y en el acceso a seguros, así como revisar la catalogación del VIH/sida como 'infecto-contagioso' y dar una respuesta firme e unitaria a la criminalización de la transmisión del VIH”, explica. En este sentido, el informe, según informa Europa Press, manifiesta la necesidad de que ningún trabajador sea sometido a una prueba de detección del VIH y que no se exijan estas ni otras pruebas; que haya un acceso a seguro que no sea discriminatorio para las personas seropositivas, y, por tanto, proponen que “las compañías aseguradoras eliminen dichas exclusiones basándose en la evidencia científica y cubran con sus pólizas a personas con VIH, teniendo en cuenta las circunstancias de cada una, tal y como hacen por ejemplo con personas fumadoras”. Por otra parte, en cuanto a la catalogación del VIH/sida como enfermedad infecto contagiosa, recuerdan que genera exclusiones no justificadas de determinados bienes y servicios (piscinas, servicios sociales, etc.), lo cual también es una clara situación de discriminación y, en este caso, proponen que desde Sanidad se estudie la posibilidad de revisar dicha catalogación. Igualmente, lamentan la exclusión de las personas con VIH en las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía y el aumento de voces a nivel local y global que abogan por la criminalización de la transmisión del VIH, es decir que le atribuyen carácter criminal sea desde el ámbito judicial o el administrativo. “Se trata de un tema de primerísima actualidad y urgencia que amenaza con llevar la epidemia a la clandestinidad, al reforzar la estigmatización y consiguientemente al hacer más difícil el manejo de la epidemia”, advierte. .
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