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Condenan a Asisa a pagar 133.819 euros por la muerte de un paciente

miércoles 25 de mayo de 2011, 11:32h
El juzgado de Primera Instancia número 11 de Barcelona, ha condenado a la compañía de asistencia sanitaria Asisa, por la muerte de una paciente en la Clínica Femenía, tras someterse a una gastroscopia que fue derivando a sepsis, fijando una indemnización total de 133.819 euros, por un lado 118.819 euros y, por otro, 15.000) para distintos perjudicados y familiares. La Asociación El Defensor del Paciente, artífice de la denuncia, afirma que la sentencia reconoce que hubo falta de medios a disposición de Asisa en la prestación asistencial a M. M. D., en la clínica Femenía SA (hoy ya desaparecida) y que finalmente falleció a los 45 años de edad. La asistencia desencadenante del suceso tuvo lugar el día 21 de Agosto de 2000, tras una gastroscopia, que fue evolucionando a sepsis, lo que provocó que el paciente tuviera que ser reintervenido en dos ocasiones y por defecto de sutura le produjo salida de sondas y continuidad de infecciones, sin conseguir salvarle la vida por las complicaciones derivadas de la asistencia sanitaria. En la Sentencia se desestima la alegación de Asisa de que el responsable del daño debía ser también la clínica donde se realizó la intervención y que la responsabilidad del hecho debía recaer en el Ayuntamiento de Palma al haber sacado a concurso la asistencia sanitaria de sus empleados y por ello, fue el ente administrativo el que eligió al prestador del servicio. La sentencia, sin embargo, señala que Asisa es la que asume el servicio médico por sus profesionales, por lo que es responsable del daño. Igualmente, la sentencia admite la alegación de la demanda y recoge la inexistencia de consentimiento informado de los riesgos de la intervención quirúrgica, tanto de la gastroscopia inicial como de la asistencia quirúrgica, recogiendo el criterio de que había tiempo y posibilidades de realizar el trámite de consentimiento informado correctamente. La sentencia se ha recurrido por Asisa y ha sido tramitada por el letrado José Aznar Cortijo, especialista en derecho sanitario y adscrito a los Servicios Jurídicos de El Defensor del Paciente.
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