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Maria Antònia Munar, imputada por financiar a UM con fondos públicos

miércoles 07 de septiembre de 2011, 12:17h
Maria Antònia Munar se enfrenta a una nueva imputación, la realizada por la jueza que instruye el caso Voltor, que le atribuye el desvío de fondos públicos destinados a proyectos informáticos para sufragar la campaña de su partido, según informa El Mundo en su edición de este martes, en la que recuerda que este nuevo cargo se viene a sumar a los ya existentes. La nueva citación de Munar, que actualmente se encuentra en libertad bajo de fianza de 350.000 euros, parte de la puesta en marcha, mientras dirigía la institución insular, de una serie de proyectos denominados Infomallorca, Eiel y Mallorca Digital, dirigidos a promocionar Mallorca y que nunca llegaron a realizarse. Los fondos para estos proyectos, como revela El Mundo, acabaron sufragando los gastos electorales de UM durante las elecciones autonómicas y municipales de 2007, una actividad que, según el Ministerio Público, supuso que los proyectos no se llevasen a término y sirvieran para dar cobertura, con fondos públicos, a la realización de actividades privadas y “a satisfacer intereses privados o del partido político que presidía”. La juez también ha imputado por estos hechos a Miguel Ángel Flaquer, el que fuera conseller de Hacienda con Munar, y a Mateu Cañellas, exconseller de Turismo de UM. Flaquer ha sido acusado de “seleccionar activistas” para que captaran sufragios con cargo a los proyectos informáticos inexistentes”, mientras que a Cañellas se le imputa la utilización de fondos para la captación de voto juvenil. Paralelamente, y según descubre el diario, Anticorrupción ha acreditado que todos los trabajadores que se contrataban para los proyectos informáticos se dedicaron a la caza de votos, lo que ha supuesto la imputación de María José Rodríguez, exjefa del Servicio de Emergencias nombrada por UM, y el exjefe de Relaciones Institucionales de Munar, Josep Lliteres, por utilizar a estos contratados para captar el voto inmigrante. Junto a ellos, ha sido procesado el propietario de un bar de la barriada de Santa Catalina, en Palma, por colaborar en la trama, seleccionando a los ancianos que debían ser visitados para captar su voto.
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