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Los políticos se reservan la empresa pública por ley

viernes 14 de octubre de 2011, 11:07h
En general, los diputados que han accedido a esta condición han demostrado su docilidad a la dirección de su partido, normalmente comulgando con ruedas de molino. Estas características no suelen darse asociadas con la brillantez o la inteligencia, sino que tienden a ir acompañadas de la incompetencia o de la ignorancia. Tras varios años aplicando estos criterios de selección, en nuestra cámara autonómica sólo queda un puñado de parlamentarios que tengan un conocimiento aceptable del mundo, más allá de las batallas miserables para sobrevivir dando coces a sus compañeros. Con esas excepciones, escasas, valiosas, pero generalmente discriminadas, el resto es una especie de rebaño de marcianos que se limitan a repetir las instrucciones que les llegan de alguien que no necesariamente sabe qué es lo que tiene entre manos, pero que, como dicen ellos, sí entiende de política, o sea del arte de sobrevivir subido a cuestas del poder. Por eso, si ustedes escucharan los debates parlamentarios de nuestra cámara no darían crédito. Sus señorías parecen sólo entender que el éxito es un buen titular en el periódico de mañana y que da igual a qué precio lo logran. En julio del año pasado, aún en el mandato de Antich, la Cámara logró que la prensa titulara que se habían adoptado medidas para que no haya más enchufismo ni corrupción en la empresa pública, protagonista de la mayor parte de los casos penales que conmovieron a la opinión pública balear estos cuatro años. Pero, a mi entender, esa ley del sector público, cuyos efectos empezamos a ver ahora, es el final de la empresa pública porque impide definitivamente que un gestor competente pueda aterrizar allí y, en cambio, conforma un marco para que la clase política balear se quede con ellas en exclusividad. CONDICIONES IMPROPIAS DEL SECTOR PRIVADO Entre las barbaridades que incluye esta ley está que los salarios de los gestores que se nombren no sean superiores a los del gerente, el cual a su vez tendrá una retribución fijada por la legislación, absolutamente por debajo de la del mercado. Así, pues, aquí hay que venir a cobrar poco (legalmente), lo cual no tiene sentido para nadie que valga realmente, para quien tenga una carrera en el sector privado, para quien entienda de gestión. En otras palabras: aquí nadie que verdaderamente entienda de turismo va a ponerse al frente del Ibatur o como quiera que lo denominen. Si esto no bastara para ahuyentar a cualquier gestor competente, la ley dice que al cesar en el cargo, se irán a casa sin indemnización, lo cual en sí podría ser aceptable pero no combinado con la decisión de que además se les aplique la Ley de Incompatibilidades, que prohíbe que por un año ejerzan funciones en el mismo sector donde han estado, es decir se les impide trabajar en lo que saben. En cambio, nada impide que, si estos cargos son políticos, vayan a otra institución, a otra empresa, porque la ley está pensada para ellos, para dejarles este territorio en exclusiva. Pero a mí lo que me lleva a escribir sobre este asunto hoy es que, encima, el gestor no puede formar su propio equipo. La ley dice que el equipo de confianza del responsable de una empresa pública, será nombrado por concurso público, en función de sus méritos. Es decir: cualquiera puede presentarse para ser parte del equipo de dirección de un ente público y, en teoría, muy en teoría, si es el mejor, debería ser elegido y pasar a ocupar un cargo de confianza. La confianza por concurso público. “Se confíen, ¡coño!”, que habría dicho Tejero. De forma torpe y chusca lo acaba de descubrir el actual gobierno al reorganizar IB3: el jefe de informativos, por primera vez en una televisión en el mundo, va a ser seleccionado bajo la apariencia de concurso abierto a los mejores. EL EQUIPO DE CONFIANZA, IMPUESTO Esto es inenarrable: como sabe cualquiera que tenga un mínimo de competencia, cuando uno nombra al máximo responsable de una empresa o de una organización, debe permitirle crear su equipo más próximo, aquellos en los que se apoyará para gestionar. No son necesariamente los mejores, son aquellos con los que hay sintonía, empatía que dicen los modernos, capacidad de coordinación y acuerdo en elementos centrales del proyecto que se quiere aplicar. Esto no sólo es una cuestión de capacidad, esto es sobre todo de concordancia en cómo hacer las cosas. El equipo, lógicamente, está vinculado al gestor y cesa con él, muchas veces cobrando en función de resultados. Esto lo conoce todo el mundo, se hace en todas las empresas, en todos los gobiernos, en todas las autonomías. Esto se estudia cuando se analiza cómo se gestionan las empresas en el mundo, es algo aceptado. Pero nuestro Parlament ha inventado la confianza por concurso: el personal de confianza, según nuestra cámara, se elige según méritos, abierto al público. Algunos pueden aducir que finalmente se acabó con el enchufismo, lo cual es bien necesario porque aquí es frecuente que la cuñada que trabajaba en la carnicería de la esquina sea nombrada directora de prospección de mercados para el sureste asiático. Pero la solución, por mucho que la prensa la aplauda, no es el concurso público sino pedir cuentas por los resultados. Si usted nombra a la carnicera, no va a tener resultados. Y se va a ir de patitas a la calle. Le conviene elegir a alguien que sepa de qué va. Una empresa privada deja libertad para formar el equipo, pero pide cuentas. El gerente ya se cuidará de que su equipo sea competente. Aquí no, aquí ahora seguiremos teniendo a los mismos incompetentes, faltaría más, pero encima con el escarnio de haber hecho que profesionales cualificados se sometan inocentemente a pruebas de idoneidad que, naturalmente, no superarán. FUERA DEL ALCANCE DE UN BUEN GESTOR Si queremos que un día una de estas empresas puedan estar bien gestionadas, debemos permitir que haya gerentes o directores con sus propios equipos. Se les fija un objetivo y si lo cumplen siguen y si no, todos se van a casa. Ya me dirán qué clase de gestores vamos a tener, si aceptan que les impongan el equipo. Cualquier profesional valioso sospechará de quien acepta que le nombren a su segundo y a su tercero.  Jamás vamos a tener a nadie al frente del Parc Bit, del turismo, de la gestión de depuradoras, por mencionar las escasas empresas serias que tenemos, que sepa de qué va lo suyo. Sólo tendremos políticos, a quienes les da igual cobrar poco, por razones que la fiscalía nos explica cuando afecta cuatro años sí, cuatro años no. Ni qué decir tiene que el PP acaba de darse de bruces con esta norma absurda y ha hecho un rodeo para no modificarla (no vayan a decir que propician el enchufismo). Sin embargo, es necesario dejarse de tonterías, cambiar lo que no tiene sentido y elegir a los mejores allí donde estén y explicarlo sin complejos a la sociedad. No, no lo veremos. Entonces, que nadie se crea que las cosas nos van así por casualidad.
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