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El macrojuicio del caso Kabul: un macrofiasco

domingo 02 de junio de 2013, 10:17h

La Justicia no está en sus mejores momentos, si es que alguna vez los tuvo buenos. Los jueces y fiscales andan soliviantados por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impulsa el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien se harta de hablar de diálogo, de participación y de consenso pero carece del más mínimo apoyo al margen de los diputados del Partido Popular que conforman la mayoría absoluta en el Congreso.

Las encuestas del CIS demuestran que la ciudadanía no confía en la Administración de Justicia y la sitúan como uno de los principales problemas que actualmente existe en España. Y a buen seguro que algunas decisiones adoptadas por determinados órganos judiciales muy recientemente no ayudan a mejorar esa valoración. Nos referimos concretamente a la decisión de los magistrados de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Palma de no citar como imputada a la Infanta Cristina de Borbón por los delitos que se atribuyen a su esposo Iñaki Urdangarin y al ex socio de este, Diego Torres, aunque se haya dejado abierta la puerta a que sea investigada por un presunto delito fiscal, cosa que ya está haciendo el juez instructor José Castro.

Pero la decisión judicial que más parece haber indignado a la ciudadanía ha sido la sentencia que los magistrados Diego Gómez-Reino, Mónica De la Serna y Juan Jiménez dictaron el lunes pasado sobre el conocido como Caso Kabul, en el la principal acusada Francisca Cortés Picazo, más conocida como ‘La Paca’, la famosa matriarca de Son Banya, junto a la mayor parte de sus familiares directos ha sido absuelta por el Tribunal.

El mayor juicio contra el narcotráfico en Baleares ha terminado como el Rosario de la Aurora. Tras más de tres meses de juicio con 47 acusados y sus respectivos abogados defensores, tras tener que habilitar una sala especial para acoger las sesiones, tras comisionar a decenas de policías de la península, etc, hay tan sólo 11 condenados y los principales objetivos de la acusación se han ido de rositas y cabe la posibilidad de que haya que devolverles a ‘La Paca’ y a los suyos buena parte del dinero, joyas, coches y otros efectos que les fueron intervenidos durante la macrorredada que tuvo lugar en Son Banya el 2 de julio de 2008. ¡Un auténtico desastre!

La sentencia, además de absolver a ‘La Paca’ y a casi todo su clan, es toda ella una enmienda a la totalidad del trabajo realizado por el titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Palma, Antoni Rotger Cifre; por los Fiscales Antidroga Adrián Salazar y Julio Cano; y por los miembros del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil y por la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía. Recordemos que algunos de ellos participaron en un destacado programa de televisión vendiendo la piel del oso antes de que hubiese una sentencia condenatoria que confirmara sus tesis. Pero la sentencia de la Sección 2ª les acusa de una deficiente  investigación, basada únicamente en referencias a confidentes que no fueron confirmadas con otras investigaciones más profundas. Al juez de instructor le acusa de actuar como “mero espectador” y de autorizar los pinchazos telefónicos casi automáticamente al serle solicitado por la Guardia Civil y sin justificarlo debidamente. De los registros en Son Banya dicen que no estaban suficientemente justificados. Y a la fiscalía la acusa de modificar sustancialmente su escrito de conclusiones finales para subsanar los defectos en la instrucción de la causa, vulnerando el derecho de defensa.

En definitiva, un rosario de actuaciones defectuosas que, aun reconociendo la gran  dificultad de investigar y perseguir eficazmente a una banda como la de ‘La Paca’ y en un enclave como Son Banya, no pueden tolerarse en un proceso penal que debe respetar el procedimiento y sobre todo, los derechos fundamentales de los acusados. Y sin embargo, nadie será expedientado por el desastre. Nadie tendrá que rendir cuentas por los errores cometidos. Nadie se responsabilizará de los gastos generados a la Administración de Justicia por un macrojuicio que se ha saldado con un macrofiasco con poquísimos condenados de segundo orden. Justamente por esto es por lo que los ciudadanos no confían en la Justicia.

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