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La política y "el modelo económico"

Por Juan Domínguez
miércoles 24 de febrero de 2016, 04:00h

Con carácter general, actualmente, la izquierda sociológica y política en España y, con carácter particular en Baleares, ha apostado todo su capital político a la puesta en marcha de un proceso de “cambio de modelo productivo desde las instituciones públicas”. Así, asistimos, el pasado lunes, en Palma, a la puesta de largo de la estrategia autonómica del citado proceso.

Es lo que el III Pacte de Progrés ha venido en llamar el “proceso de concertación social”, que, en definitiva, obedece a la estrategia de diseñar y dictar, desde un despacho público, lo que hay que hacer para “cambiar el actual patrón de crecimiento” de nuestra economía a nivel autonómico, y, además, embarcar a los representantes de empresarios y trabajadores para que los designios gubernamentales sean susceptibles de cumplimiento, eso sí, con la coletilla “social” de que el crecimiento se transforme en bienestar para los ciudadanos.

Llegados a este punto, conviene hacer una serie de puntualizaciones, tanto de forma como de fondo, que por razones de tiempo y espacio intentaré sintetizar:

Primero.- El papel lo acaba aguantado todo, y, por tanto, auguramos la elaboración y presentación pública de un magnífico documento de diagnóstico que tendrá su recorrido mediático y social, pero que, a la postre, se quedará en lo que es, una mera estrategia política encaminada a conseguir mucho titular mediático y potenciales resultados políticos.

Segundo.- Las administraciones públicas no tienen que diseñar ningún tipo de “plan” que disponga, a aquellos que arriesgan su dinero, lo que tienen que hacer, sino, que el poder político tiene que actuar como agente facilitador para que los empresarios, emprendedores e inversores puedan prosperar y crear riqueza, con todo lo que ello supone para la creación de puestos de trabajo y bienestar social.

Tercero.- La mejora de la competitividad deviene de la mejora de la productividad y ésta necesita de cambios en determinados aspectos en los que sí pueden y deben actuar las administraciones públicas. Hagamos un rápido y sucinto compendio de medidas que dependen, exclusivamente, de los poderes públicos que pueden contribuir, decididamente, a la mejora de la productividad empresarial y por tanto de la mejora de su competitividad.

Este paquete de medidas, per se, y sin necesidad de ningún “plan” actuará como catalizador determinante de la mejora de la economía y del empleo, de forma inmediata:

1.- Reducción del nivel de gasto endógeno.- Modernización de la administración pública y su funcionamiento interno; Prestación, únicamente, de servicios públicos esenciales; Reestructuración del marco normativo para que éste sea atractivo para la inversión bajo las premisas de que sea mínimo, claro y duradero, con el objeto de generar seguridad jurídica; Supresión de duplicidades administrativas; Practicar la política de déficit cero, que implica no gastar más de lo que se ingresa y, por tanto, reducir el nivel del pago anual de intereses por la citada deuda pública, que es ya, insostenible; cumplir la normativa vigente en lo que concierne al plazo máximo de pago de las administraciones públicas (30 días) para las prestaciones de servicios u otros que prestan las empresas y autónomos (baste recordar que la CAIB paga, a día de hoy, a 122 días); supresión de la concesión de subvenciones (más de 200 millones anuales del presupuesto público autonómico) y apostar por los incentivos fiscales a los creadores de riqueza; etc.

2.- Reforma fiscal.- La reducción de los costes laborales es el principal reto a afrontar para la creación de empleo. Así, los tipos impositivos actuales representan un verdadero impuesto al trabajo y el principal impedimento para su creación. Reducción del nivel impositivo (25%) en el impuesto de sociedades con el objetivo de que éstas puedan reducir apalancamiento, disponer de músculo fianciero para crecer, contratar etc. (En países como Irlanda el tipo impositivo para empresas es del 12,5%, lo que les ha supuesto un balón de oxigeno a las empresas para poder superar la crisis); Reducción generalizada (no sólo a algunos sectores) del Impuesto del Valor añadido; Reducción de los pagos a cuenta de IRPF que se les aplica a autónomos y empresas; Reducción del nivel impositivo a los trabajadores en concepto de IRPF; etc.

Por todo ello, la pérdida de competitividad de nuestra economía y la necesidad de estudiar nuevos patrones de crecimiento tienen que valorarse, también, en un contexto de realización de esfuerzos por parte de las administraciones públicas, tal y como apuntamos, en orden a la racionalización y mengua de sus super-estructuras y teniendo muy presentes que para que exista el sector público tiene que haber ingresos del sector privado.

El diálogo como escenario político es recurrente, y siempre es necesario si se tiene como objetivo la adopción de medidas tendentes a la mejora de la actual situación. Pero, claro, hablar de diálogo cuando la propia administración pública autonómica ha tomado ya, unilateralmente, determinadas medidas cuyo resultado son más sector público y más empleo público y más impuestos a todos los ciudadanos y empresas, resulta, cuanto menos, chocante. (Analicen subidas de impuestos y tasas con entrada en vigor el 31.12.2015, así como incremento de capítulo I relativo a personal al servicio de las administraciones públicas).

En definitiva, el sector público y el sector privado tienen que trabajar conjuntamente para tomar decisiones, respecto al mercado laboral, encaminadas a la adaptación a las nuevas realidades y superando una concepción anticuada, en el que el trabajo era para toda la vida, y adaptarnos a la realidad del mundo globalizado. Los territorios donde se ha reconocido la importancia de la globalización y los beneficios de un mercado flexible –no significa facilitar el despido, sino menos burocracia y menos impuestos entorpecedores- son los que han conseguido mejores reducciones en las tasas de desempleo.

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