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Copago Sanitario (3)

Por Miquel Pascual Aguiló
sábado 14 de mayo de 2016, 01:00h

Hace ya más de un mes que el vicepresidente del Parlament Balear, Vicenç Thomàs, en un artículo suyo titulado “Derecho a la salud” publicado en un periódico local convencional decía entre otras cosas: “Estudios contrastados nos permiten afirmar que uno de cada cinco pensionistas no retira toda su medicación por motivos económicos, con el riesgo para su salud”, añadiendo que: “Es justo recordar como determinadas autonomías, como Baleares, el nuevo gobierno de Progrés, basándose en nuestras competencias estatutarias, han sorteado el RDL 16/2012, y están dando ahora atención primaria sanitaria normalizada a los inmigrantes sin recursos y otros colectivos”.

Resulta que han podido dar, sorteando la normativa estatal, atención primaria sanitaria normalizada a los inmigrantes sin recursos y otros colectivos, como ha hecho también Valencia, Aragón y Cantabria modificando sus correspondientes legislaciones, desde el pasado mes de julio (hace ya 10 meses) para incluir en sus respectivos Sistemas de Salud a aquellos que se quedaron fuera en 2012, lo que me parece justo. Pero mis preguntas a todo este Govern es la siguiente:

¿Cómo es posible que a la petición del colectivos de pensionistas y jubilados de esta comunidad al Govern Balear de que eliminen el copago farmacéutico, que saben que es letal para una parte del colectivo, y oneroso para todo el colectivo, en palabras del propio vicepresidente del Parlament Balear, la contestación haya sido que esperemos, porque tienen problemas técnicos?, ¿Hay alguien que se lo crea?, ¿Cuánto hay que esperar?, ¿Hay que esperar hasta que se muera alguno de los familiares de los que gobiernan porque no pueda pagar una medicación?

Como escribí la semana pasada: “Pues bien, resulta que esta ha sido la respuesta (¡esperar!) que los jubilados/as de las Illes hemos recibido del Gobierno de las Illes Balears mediante carta de la Sra. Armengol, recibida el pasado día 22, en la que detalla que para conseguir ajustar el copago y que no se pague por encima de lo que establece el decreto estatal, es necesario modificar los programas informáticos de atención primaria, receta electrónica y de las oficinas de farmacia, cambios técnicos que “se están llevando a cabo” y el Govern prevé que se complementen pronto para “paliar las consecuencias negativas” del copago”.

“El movimiento se demuestra andando” es una expresión a la que se apela cuando queremos iniciar una tarea específica cuya realización se encuentra trabada o postergada por debates o planificaciones excesivas, como dijo Diógenes de Sinope, también llamado Diógenes el Cínico, (filósofo griego perteneciente a la escuela cínica), hace ya más de 2300 años.

Cuando hay interés en algún tema, pero encuentran situaciones que no saben cómo soslayar, o no saben cómo realizar alguna tarea, es muy usual que las administraciones públicas copien, imiten, o tomen como modelo, otras decisiones, otros caminos que hayan tomado otras administraciones sin ningún pudor. ¡Pues háganlo otra vez!. Lo digo sin acritud, y como ayuda para que se den prisa, si es que tienen interés en ayudar a las personas jubiladas. Veamos que pueden imitar, e incluso mejorar.

La Generalitat valenciana suprimió el copago farmacéutico el pasado día uno de enero de 2016 para pensionistas que cobren menos de 1.000 euros al mes y para personas con discapacidad con minusvalías superiores al 65% o del 33% si son menores de edad. La medida se ha articulado como subvención de la Generalitat después de que el Consell Jurídic Consultiu (órgano autonómico similar al Consejo de Estado) haya advertido de que otras fórmulas podrían considerarse una invasión de competencias del Gobierno y conducir a otro recurso del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. El domingo 1 de mayo entró en vigor la Orden de la Consejería de Sanidad de Castilla- La Mancha por la que se regula el procedimiento para el reintegro de gastos por aportaciones de los pensionistas y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.

En la práctica ha supuesto eliminar el “copago farmacéutico” puesto en el año 2012 por el Gobierno Central. La Orden es aplicable a aquellos pensionistas y sus beneficiarios con tarjeta sanitaria individual del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en vigor, siempre que los medicamentos y productos sanitarios estén incluidos en la prestación farmacéutica, hayan sido prescritos por profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud o correspondan a una asistencia sanitaria concertada y tendrán que haber sido dispensados en oficinas de farmacias de Castilla-La Mancha, y de hecho, los pensionistas pagarán sólo el tope legal de 8 euros mensuales. Obras son amores, que no buenas razones.

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