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Conspiranóos

Por Vicente Enguídanos
viernes 24 de febrero de 2017, 07:10h

Mientras algunas voces autorizadas consideran razonable la decisión de la sala que mantiene en libertad a los condenados por el caso Nóos, los foros digitales se llenan con toda suerte de conjeturas e improperios. Salpicar a la Corona, por la relación de parentesco del yerno del Rey Emérito y cuñado del actual Jefe del Estado, sería lógico porque esa fue la referencia sobre la que se apoyó la desvergüenza de Diego Torres e Iñaqui Urdangarín; tanto por acción de tolerancia consciente de la Casa Real como por omisión en el celo de salvaguardar el prestigio de la Monarquía. Lo que provoca vértigo es la sombra de sospecha que se quiere extender sobre la ecuanimidad de la sentencia y de su ejecución, en la que algunos empeñan más interés que en dudar de la llegada del hombre a la luna.

Retroceder 36 años en la historia para que se califiquen las decisiones adoptadas como un golpe a la democracia y otro asalto a la independencia del poder judicial carece del más mínimo fundamento. Es probable que la incertidumbre económica, atizada por la reiteración de alusiones a la corrupción en un clima de crisis generalizada, haya espoleado el instinto revolucionario que aflora cuando se desborda la crispación ciudadana. Pero también es posible que la necesidad de erradicar comportamientos indecentes, por más endémicos que sean al sur de los Pirineos, nos haya conducido a la promoción de reacciones desmedidas, por más que tengan intención ejemplarizante. Cuando la fiscalía reclama penas elevadas, por sospechas que no puede probar, también induce a la creación de expectativas y crea una alarma social tan elevada como la propia comisión de hechos delictivos. Con todos estos antecedentes, es tal la sed de castigo que demanda la sociedad civil, aleccionada por los agitadores profesionales, que solo considera correcta una condena elevada y apenas se siente satisfecha cuando encierran a los que no comparten sus ideas, hasta que arrojan al mar la llave del presidio.

Tan absurdo es meter en el mismo saco la inmoralidad, la ilegalidad y el ilícito penal como comparar la duración de la condena entre supuestos diferentes. Tratar de asimilar la sentencia a “Valtonyc”, por injurias a la Corona e incitación al terrorismo, con la impuesta al ex vicepresidente del COE, es tan irracional como comparar los 16 años de prisión por corrupción para Josep Juan Cardona con los 4 años de reclusión para la joven búlgara que mató en Portals Nous a tres personas, conduciendo ebria, drogada y sin carné. La Ley no es siempre justa, menos aún su administración, pero es garantista para los inculpados y para quienes les acusan. Lenta pero implacable, la dama de los ojos vendados acabará por poner a cada uno en su sitio, aunque no sea el que algunos desearían.

El recurso al Supremo será promovido por el fiscal Horrach, que esperaba poner fin a su etapa antibiótica con un saldo más brillante, y también por los defensores de los penados, que se resisten a aceptar el resultado. La agonía del entorno y el desgaste a la Corona se prolongará un año más, el mismo tiempo que se debería extender la presunción de inocencia entre los condenados provisionalmente, hasta que la sentencia sea firme. Lo que sí queda acreditado es que Cristina de Borbón ha tenido un comportamiento reprobable, que la inhabilita como modelo de conducta y que la obliga a renunciar al derecho sucesorio de un país al que detesta, si es que le queda algo de orgullo y decencia.

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