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La Generalitat persevera en la ilegalidad

viernes 15 de septiembre de 2017, 22:00h

La situación en Catalunya se está enquistando gradualmente de mala forma. Al acto de apertura de la campaña a favor del Referéndum celebrado el jueves en Tarragona, en el que participaron el presidente y el vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, el Gobierno de España respondió ayer con la intervención parcial de las cuentas de la Generalitat, decidida en Consejo de Ministros. Así, el Estado asumirá los pagos fundamentales, unos 1.400 millones de euros mensuales que el Gobierno entrega a la Generalitat por la financiación autonómica. Nunca antes se había hecho algo parecido en ninguna comunidad autónoma, como reconoció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La unilateralidad con que se manejan los partidarios del Referéndum y su manifiesta desobediencia a los dictámenes del Tribunal Constitucional en cuanto a la suspensión de las leyes del Referéndum y de transitoriedad jurídica, es contestada con nuevas actuaciones del Gobierno de Mariano Rajoy, quien continúa afirmando con total firmeza que no se celebrará el Referéndum.

En este estado de cosas y sabiendo que el Estado ha movilizado todos sus recursos y su fuerza legal (que es mucha e infinitamente superior a la de la Generalitat y los partidos que apoyan el Referéndum ilegal) para que se recobre la legalidad constitucional y estatutaria en Catalunya, es absolutamente ilógico e incluso suicida políticamente, perseverar en la ilegalidad. Por muchas razones, pero una de peso es que no se puede insistir en actos ilegales si se aspira algún día a fundar un Estado, porque por iguales razones esgrimidas ahora, cualquier ente político e incluso cualquier ciudadano podrá desobedecer entonces.

La Generalitat y el Parlament de Catalunya ostentan una legitimidad otorgada por la Constitución y el Estatuto de Autonomía que ellos ahora pisotean. Y por tanto, pisotean también su legitimidad.

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