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Pagamos todos

Por Vicente Enguídanos
viernes 26 de enero de 2018, 02:00h

De Costa a Costa fue la compañera de baile de Protagonistas, hasta que Luis del Olmo dejó RNE en 1983. Un cuarto de siglo después, el gran protagonista de la actualidad sigue siendo la saga de los Costa, particularmente el que fuera secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. De telón de fondo, no suena el tema que popularizaran Cliff Richard y los Shadows, I can easily fall in love with you, que empleara de sintonía el locutor leonés y Antonio Mercero para “Crónicas de un pueblo”, sino el Requiem, que comenzó Mozart y culminó Süssmayr.

Por primera vez desde hace meses, Cataluña y los delirios separatistas del séquito de Puigdemont no han abierto los informativos en nuestro país y lo ha hecho en todos los medios las penúltimas confesiones del caso Gürtel, llamado así porque en alemán significa cinturón: en alusión al cabecilla de la trama, Francisco Correa. El reconocimiento por parte de Ricardo Costa de que el PP valenciano financió sus campañas con dinero opaco al fisco, como habían declarado varios empresarios locales y los artífices del sistema de corrupción institucional, abre una crisis sin precedentes entre los conservadores y en un momento muy delicado para la formación con sede en la calle Génova.

El que España viviera hace 20 años otro caso similar en las filas del Partido Socialista por el caso Filesa, con ocho condenados por quedar acreditada la financiación irregular del PSOE nacional en más de 1.200 millones de pesetas obtenidas de forma ilegal, no es eximente de la gravedad del escándalo de irregularidades que destapó El País en 2010 y por lo que se le concedió al rotativo el Premio Ortega y Gasset de periodismo.

A pesar de que la aprobación en 2007 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, no parece haber resuelto las dificultades de tesorería de las maquinarias electorales, que dependen mayoritariamente de las ayudas y subvenciones públicas frente a la escasa contribución real de la militancia y la limitación de las donaciones particulares, detrás del entramado destapado en el eje de la prosperidad (Madrid, Valencia y Baleares) hay mucho más que la ocultación de ingresos al Tribunal de Cuentas. Sin aboradar los términos jurídicos que nos apabullan a los legos (cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias…), el iceberg oculta una dramática realidad: mientras la crisis se cebaba con muchas economías domésticas y el Estado se endeudaba progresivamente, todos pagábamos un sobre precio por las adjudicaciones de contratos para la Administración o su ejecución era deficiente, para compensar las comisiones invertidas.

Llevamos años conociendo la concreción de lo que nuestro bien pagado director de la Oficina contra la Corrupción definió como la “condena que tiene todo el mundo en algún momento”, pero sin que detrás de ese comportamiento indecente existia una organización constituida para delinquir. No basta, pues, echar balones fuera con el argumento de que el PP ya ha adoptado las decisiones correctoras de forma “oportuna y conveniente”, porque las responsabilidades políticas no han llegado a todos los dirigentes, presuntamente implicados, como recientemente se solicitó tras la sentencia a Convergencia Democrática por el saqueo al Palau de la Música.

Malos tiempos corren para la formación que ocupa el Gobierno de España, presionada por la desmesurada irrupción de sus socios naranja en los sondeos, porque pocos podrían tirar la primera piedra a quien se ha acogido a la picaresca para infringir una obligación o no ha sentido la tentación de enriquecerse ilícitamente, pero cuando todo un partido consolidado y avalado por 700.000 militantes crea una maquinaria para defraudar a sus simpatizantes y a toda la sociedad, la democracia se resiente si la regeneración solo se queda en mirar para otro lado.

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