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Vacunas, otra vez (y las que haga falta)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mostrado recientemente una preocupación extrema por la dimensión que están alcanzando los brotes epidémicos de sarampión en varios países europeos, hasta el punto de calificar la situación de muy preocupante.

Desde el año 2009 la situación viene empeorando en todo el continente y en estos momento es especialmente inquietante en Rumanía, donde en el último año se han producido más de 8.000 casos, con más de 30 muertos, pero también alarma la situación en Alemania, Ucrania, Polonia, Francia, Suiza y, sobre todo, Italia, donde en 2016 detectaron casi 800 casos y en el primer trimestre de este año casi 250, lo que supone un incremento de casi dos veces y media respecto del año anterior. Y la situación tampoco es óptima es los países de la Europa oriental y meridional, incluyendo España y Portugal.

La causa es la disminución del porcentaje de población vacunada. Para que se produzca la denominada “inmunidad grupal”, debe haber un mínimo del 95 % de la población protegida por la vacunación. A partir de ese porcentaje el virus no circula y la posibilidad de que aparezcan casos de la infección es mínima, tiende a cero. Eso implica que aquellas personas con inmunodeficiencias, congénitas o adquiridas, que no pueden vacunarse y, por tanto, son susceptibles de contraer la infección, están también protegidas por la ausencia de diseminación del virus, con el beneficio añadido de que la infección puede ser en ellas mucho más virulenta, incluso mortal.

Cuando el porcentaje de población vacunada desciende por debajo del 95 % aumenta el riesgo de que aparezcan casos de la infección y por debajo del 90 % empieza el peligro de diseminación y aparición de brotes epidémicos. La disminución del porcentaje de población vacunada es diferente en los distintos países y tiene un conjunto específico de causas en cada uno de ellos, pero en todos se ha dado desidia y falta de interés por parte de las autoridades sanitarias, cuando no corrupción, y la negativa, militante o negligente, de algunas familias a vacunar a sus hijos. Un dato escalofriante es por ejemplo el de Italia, donde en 2015 solo se vacunó al 85 % de los niños de dos años.

Los gestores del sistema sanitario, en nuestro caso el español, deben retomar una actitud proactiva en la implementación del calendario de vacunaciones obligatorias, que ha de abarcar a la totalidad de la población, excepto aquellos que no puedan ser inmunizados por razones de salud. Y el programa vacunal debe incluir sanciones para aquellos padres que se nieguen a vacunar a sus hijos.

No debe olvidarse que no vacunar a los niños es una acción profundamente irresponsable e insolidaria. Irresponsable, porque unos padres que seguramente sí están vacunados y, por tanto, protegidos, le niegan esa protección a sus propios vástagos, exponiéndolos al peligro de contraer la infección. E insolidaria, porque al disminuir el porcentaje de población vacunada y permitir la circulación del virus, ponen en riesgo a aquellas personas que por padecer inmunodeficiencias no pueden inmunizarse.

Así pues, hay que insistir una y otra vez, las que hagan falta, en la necesidad de la vacunación masiva de la población y en la estúpida irracionalidad de los grupos y movimientos antivacunas.

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