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Salom y Armengol, visiones incompatibles para una reforma de la Constitución

La celebración del día de la Constitución ha llegado este año en pleno debate territorial y tras plantearse una posible reforma que acomode el ordenamiento legislativo básico del país a las nuevas necesidades de los españoles. Independientemente del problema provocado por el intento secesionista de una parte significativa de la sociedad catalana, la mayoría de partidos consideran que una modificación puede dar respuesta a cuestiones que han ido surgiendo a lo largo de los 39 años de vigencia de la Carta Magna. Una sucesión en la monarquía que no prime a los herederos masculinos o una redefinición en el reparto de los recursos de las comunidades son cuestiones que podrían tener nuevas visiones en el texto constitucional.

Modificar la Constitución requiere, sin embargo, del más amplio acuerdo. Quizá por eso, aunque no sorprendió a la mayoría, sí llamó la atención este miércoles la visión tan dispar, incluso contrapuesta, que ofrecieron en sus discursos la presidenta del Govern, Francina Armengol, y la delegada del Gobierno, Maria Salom, en el acto institucional de conmemoración de la Constitución en el Palau de la Almudaina. Para Armengol, la Constitución debe reformarse profundamente para dar por liquidado el estado de las autonomías y alumbrar un estado federal que, sobre todo, asegure la financiación de los territorios y dé respuesta al problema de Cataluña. Por su parte, Salom ha alertado del peligro de iniciar una reforma de la Constitución sin saber previamente qué es lo que se quiere cambiar y, muy especialmente, que una eventual reforma no sirva para premiar a aquellos que quisieron romper la legalidad pasando por encima del texto constitucional, en referencia al desafío del cesado Govern de la Generalitat catalana.

Fueron dos discursos en clave de cada uno de los partidos a los que representan Armengol y Salom, el PSOE y el PP. Ambos partidos han sido los responsables de dar estabilidad política durante los 39 años de la Constitución, ya sea desde el gobierno como desde la oposición, en la administración central o en la mayor parte de autonomías. Que su visión sea tan dispar no permite albergar muchas esperanzas de que el proceso de modificación de la Carta Magna pueda iniciarse con garantías de resolverse satisfactoriamente para la inmensa mayoría de los ciudadanos.

No hay que temer los cambios. Sin menospreciar el periodo de estabilidad y progreso que ha proporcionado la Constitución de 1978, convendría analizar en qué cuestiones pueden tener más peso las autonomías y en qué otras, debe reforzarse la administracion central. En 39 años ya se han podido advertir carencias y alteraciones del sistema que se podrían corregir. En todo caso, lo que debe garantizarse es que el resultado sea apoyado por una representación muy mayoritaria del abanico político y social del país. Otro resultado cerraría en falso la reforma y haría peligrar la estabilidad pasados muy pocos años. En eso, PP y PSOE deben ponerse de acuerdo y liderar el proceso, aunque la distancia entre ambos parece, a día de hoy, excesiva y poco alentadora.
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