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Bandera de impotencia

Por Gabriel Elorriaga
lunes 12 de marzo de 2018, 01:00h
Los funcionarios pueden sentirse impotentes para evitar una realidad contraria a sus sentimientos porque tienen obligación de cumplir unas normas que no está en sus manos cambiar. Pero los políticos no pueden ampararse en la impotencia ante circunstancias que reconocen contrarias a sus ideas porque su función es cambiar o perfeccionar las normas o procurar abrir el camino que favorezca los cambios deseables.

Viene esto a cuento de declaraciones desoladoras como las del ministro portavoz del gobierno que, tras abrir la esperanza de una actuación para que se tenga en cuenta el español como una lengua vehicular en Cataluña se desdijo, días más tarde, para explicar que, con la actual delegación de competencias en materia de educación a las comunidades autónomas, el gobierno central carece de instrumentos para hacer cumplir los derechos constitucionales de los españoles a que sus hijos reciban educación suficiente en el idioma oficial del Estado.

Es cierto que es tal la situación aberrante que se produce en España, corroborada por el Tribunal Constitucional, a la que se ha llegado por una confianza en el origen de la organización autonómica y descentralizada del Estado sin prever que los dirigentes de las entidades territoriales se creyesen legitimados para degradar los vínculos de la unidad nacional por todos los procedimientos puestos a su alcance por un sistema de libertades y de pluralismo que no previno los grados de irracionalidad o de perversidad con que iban a ser utilizados. A nadie con sentido común se le podía pasar por la cabeza que, en una nación donde todos nos entendemos en una lengua de proyección universal, existiesen gentes de nivel político que no comprendiesen la bondad de un bilingüismo equilibrado y conservador de idiomas de importancia social y literaria donde pudiesen coexistir con un idioma de entendimiento general. Pero sucedió lo imprevisto, allí donde había un complejo de inferioridad o un afán de exclusión de rivales políticos sin otra excusa ideológica que el recurso a divinizar las señas identitarias. La eficacia operativa de exaltar lo diferencial de lo común es elemental para condicionar a unos segmentos de población con estrechez de miras que se cultivan en los lugares más diversos aún sin el rango de las grandes lenguas peninsulares. Lenguajes familiares que se sueña con promocionar sin otro objetivo práctico que formar cofradías de comprensión cultural limitada sobre la que establecer privilegios burocráticos o pedagógicos de un personal más propicio a la insolidaridad y el tribalismo. Que esto suceda no deja de ser una forma retrógrada de dificultar las tendencias a la integración y cooperación del mundo democrático con las que los auténticos políticos deben operar. Lo inaceptable es que los políticos con responsabilidades nacionales y transnacionales se declaren impotentes y no sean capaces de proponer los cambios adecuados para enmendar las averías que la realidad está evidenciando en la práctica. Da la impresión que asumiesen que la erosión de los vínculos de unidad de las grandes colectividades humanas fuese la acción irreversible de una historia con marcha atrás que cia contra corriente con una fuerza invencible cuando, por lo contrario, solo chapotea en un charco sin futuro.

En la historia ha habido feudos y han dejado de existir. Ha habido taifas y han dejado de reinar. En la I República Española ha habido cantones con sus milicias armadas y han desaparecido del mapa que pretendían fragmentar. Un político debe saber todas las dificultades existentes para contrarrestar las ideologías retrógradas y para superar sus propias debilidades o errores. Un político conoce lo complicado que resulta modificar normas que, quizá, en su día, contribuyó a promulgar de buena fe. Hay cambios que no pueden hacerse de la noche a la mañana y recuperación de facultades estatutarias para la que hay que crear un ambiente adecuado para apoyarse en métodos democráticos. Pero lo que no es posible es refugiarse en una impotencia ante situaciones esperpénticas cuya visibilidad en el tema de la educación y en otros temas solo indica la necesidad de cambiar de vía. Los poderes del Estado no pueden resignarse a que les tome el pelo indefinidamente un tal Torrent desde la presidencia de un Parlamento autonómico. Tampoco puede resignarse un ministerio del Interior a que los mozos de escuadra, con extralimitaciones facciosas a sus órdenes directas durante la aplicación del Artículo 155, no sean expedientados por el mando que formalmente ostenta el propio ministro de esa cartera.

Hoy en día la gran mayoría de los españoles siente que debe fortalecerse el Estado y robustecer los factores unitarios internos y las relaciones externas de España. Es posible que no pueda hacerse todo de forma inmediata pero debe poder plantearse como proyecto de futuro. Lo que no es asumible es la impresión de que, en el puente de mando, no saben qué hacer frente a los desvaríos y a la burla de su autoridad. La bandera de impotencia es una bandera de naufragio insoportable para los ciudadanos que han colgado la bandera nacional en sus balcones.
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